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Pareja de empresarios denuncia estafa inmobiliaria tras promesa de venta y pago por US$300,000

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<p>El empresario José Enrique Yáber y su esposa Michelle Pomares denunciaron que llevan más de cuatro años inmersos en un proceso judicial tras haber entregado US&dollar;300&comma;000 como pago para la compra inmobiliaria de un apartamento en el proyecto Torre Bellorizonte&comma; en el Distrito Nacional&comma; unidad que&comma; según sostienen&comma; fue posteriormente transferida a terceros sin su conocimiento&period;<&sol;p>&NewLine;<p>De acuerdo con la denuncia de la pareja&comma; el caso se originó tras la firma&comma; en noviembre de 2017&comma; de un contrato de promesa de venta para la adquisición del apartamento 11-A del referido proyecto&period; Según indican&comma; la entrega de la unidad estaba prevista para enero de 2019&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La familia señala que&comma; tras incumplirse ese plazo y luego de varios intentos de seguimiento&comma; pudo constatar que el inmueble había sido incluido en una serie de transferencias realizadas el 25 de febrero de 2020&comma; fecha en la que&comma; según afirman&comma; 26 apartamentos del mismo proyecto fueron traspasados a una empresa de reciente constitución&period;<&sol;p>&NewLine;<p>También sostienen que otras unidades habrían sido transferidas a sociedades que&comma; de acuerdo con los registros consultados por sus abogados&comma; no estaban ni siquiera constituidas al momento de las operaciones&period;<&sol;p>&NewLine;<p>A partir de esos hallazgos&comma; Yáber y Pomares presentaron en marzo de 2021 una querella penal por presuntos hechos de asociación de malhechores&comma; abuso de confianza&comma; bancarrota y lavado de activos&period; Desde entonces&comma; según su versión&comma; el proceso ha estado marcado por decisiones de archivo&comma; requerimientos de pruebas no tramitados con celeridad y sucesivos incidentes procesales&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La representación legal de la pareja sostiene que la Fiscalía del Distrito Nacional archivó actuaciones respecto de algunas de las personas y entidades vinculadas al caso&comma; sin haber agotado diligencias de investigación previamente solicitadas por los querellantes&comma; por lo cual fue necesario acudir ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional&comma; jurisdicción que revocó esos archivos&comma; y dispuso el envío a juicio de las personas excluidas injustificadamente del expediente por la Fiscalía del Distrito Nacional&period;<&sol;p>&NewLine;<p>También indican que una vez apoderado el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para el conocimiento del juicio contra los imputados&comma; el tribunal ordenó a la Fiscalía del Distrito Nacional agotar varias diligencias de investigación&comma; pero ante la negligencia de esta última en cumplir con las mismas&comma; fue necesario requerir una nueva orden judicial para procurar la ejecución de las medidas ordenadas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El caso ha pasado por distintas instancias judiciales&period; Según los abogados de los señores Yaber y Pomares&comma; decisiones de cortes superiores que ordenaban continuar el curso del proceso fueron seguidas por resoluciones posteriores de tribunales de primera instancia que declararon nulidad o inadmisibilidad de la acusación&comma; sobre la base de objeciones procesales relativas al tipo de acción aplicable a algunos de los hechos denunciados&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Actualmente&comma; el expediente se encuentra pendiente de conocimiento por ante la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional&comma; la cual fijó el juicio de fondo para el próximo 18 de marzo del 2026&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;La expectativa de nuestros representados es que el caso sea finalmente conocido en juicio de fondo”&comma; indicó la representación legal de la familia Yáber&comma; que sostiene que el expediente contiene documentación sobre las transferencias cuestionadas y el recorrido de los fondos entregados&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Yáber señaló que el caso plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de protección para compradores en operaciones inmobiliarias y sobre la respuesta institucional ante controversias de esta naturaleza&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace;El empresario José Enrique Yáber y su esposa Michelle Pomares denunciaron que llevan más de cuatro años inmersos en un proceso judicial tras haber entregado US&dollar;300&comma;000 como pago para la compra inmobiliaria de un apartamento en el proyecto Torre Bellorizonte&comma; en el Distrito Nacional&comma; unidad que&comma; según sostienen&comma; fue posteriormente transferida a terceros sin su  Nacionales&comma; compra&comma; Denuncia&comma; Estafa&comma; promesa&comma; Venta  <&sol;p>

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