Nayib Bukele impulsa la cadena perpetua en El Salvador: asesinos, violadores y el pulso con la Asamblea Legislativa

El presidente Nayib Bukele comunicó en su cuenta de X que su gabinete de seguridad ha presentado este martes a la Asamblea Legislativa de El Salvador una propuesta de reforma constitucional que permitiría la cadena perpetua —hasta ahora prohibida en la legislación salvadoreña— para quienes sean condenados por asesinato, violación o terrorismo.

Bukele explicó: “En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas”.

En el mismo anuncio, Bukele desafió a los legisladores con una pregunta clave sobre el futuro de esta medida: “Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”.

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El Salvador plantea cadena perpetua para delitos graves tras régimen de excepción

La administración de Bukele sostiene que durante el régimen de excepción, que ha superado los cuatro años de vigencia, la estrategia de seguridad transformó profundamente la situación del país, permitiendo neutralizar —según el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro— la “amenaza permanente y continua” que mantuvieron las estructuras criminales durante dos décadas. El funcionario subrayó frente a la Asamblea que esta reforma implica un cambio irreversible y afirmó que más de “seis millones de salvadoreños” respaldan el proceso, en representación de la soberanía popular.

Villatoro proporcionó un bloque de datos históricos: en los últimos veinte años, las maras y grupos criminales habrían sido responsables de unas “120.000 muertes”, de las cuales “por lo menos cuarenta mil” se atribuyen a un sistema de justicia que —en palabras del ministro— “llevó al paredón de fusilamiento a miles de víctimas, a miles de testigos” mediante el amedrentamiento de ciudadanos y la falta de confianza en las instituciones.

La propuesta oficial se presenta acompañada por un paquete legislativo que modifica el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra Actos de Terrorismo, además de otras normativas. Villatoro detalló que el propósito es “homologar las leyes secundarias con el artículo veintisiete, inciso segundo, de nuestra Constitución”, alineando así la estructura penal del país para reforzar el castigo sobre homicidas, violadores y terroristas. Tal como indicó el ministro ante el Pleno, la “pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, mientras se mantiene la prohibición para otros casos como la prisión por deudas o delitos infames.

Cruce con organizaciones internacionales y defensa de soberanía

En su intervención, el titular de Seguridad mantuvo un tono confrontativo al referirse a las organizaciones de derechos humanos y entidades internacionales críticas del régimen. “Ya se quitaron recientemente la máscara. Ya no son las ovejas que vendían. Ahora realmente son unos demonios que representan la maldad y la pobreza y la inseguridad en la que han sometido a nuestro país y a nuestra querida Hispanoamérica”, afirmó Villatoro al presentar la reforma, anticipando la resistencia de actores que, en su opinión, defienden a los “criminales violentos”.

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Al contextualizar la reforma a escala regional, Villatoro vinculó los problemas de seguridad y legislación penal de El Salvador con el resto de Hispanoamérica. Aseguró que “estas leyes inútiles para enfrentar amenazas graves, delitos violentos, no solo las tenemos nosotros como salvadoreños; las tienen todos los países de Hispanoamérica”. El ministro reclamó que, en las últimas tres décadas, los movimientos por los derechos de las víctimas habrían tergiversado la agenda jurídica, invirtiendo “la víctima y el victimario, un agente de autoridad”.

​Las autoridades presentaron una iniciativa ante la Comisión Política que plantea ajustar el marco normativo en materia penal, asegurando que la nueva disposición reforzará los mecanismos estatales de respuesta ante homicidio, violación y terrorismo  Internacionales