De Ultimo Minuto
Leison Guerrero: joven que anuló licitación de alcaldía de Jarabacoa, querellado por difamación
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<p>Redacción.- El ciudadano Leison Guerrero Ramírez enfrenta una querella penal por difamación e injuria presentada por el alcalde de Jarabacoa, José Antonio Abreu Pichardo, quien alega daño a su honra por expresiones relacionadas con su gestión pública y solicita RD$50 millones en daños y perjuicios (arts. 371 y 373 Código Penal, Ley 6132 y Ley 53-07).</p>
<p>La querella se tramita ante el Fiscalizador Juan Emmanuel Escoto Hidalgo</p>
<p>Guerrero es precisamente quien, el 11 de julio de 2025, presentó denuncia ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) contra el procedimiento AMJ-CCC-CP-2025-0001 del Ayuntamiento de Jarabacoa (remodelación de centro comunal en Urbanización Medina I con fondos participativos 2025). La Resolución RIC-0029-2026 de la DGCP anuló el proceso por violaciones graves a transparencia y publicidad (Ley 340-06): no uso del SECP obligatorio pese a usuario habilitado, omisión de carga íntegra del expediente y incumplimiento de plazos legales.</p>
<p>En ese mismo patrón de fiscalización, también fue el ciudadano que impulsó y visibilizó la nulidad del proceso del Vertedero Municipal: la DGCP anuló el procedimiento AMJ-CCC-CP-2024-0001 para el manejo del vertedero de Jarabacoa por falta de transparencia y publicidad, citando el art. 104 del Decreto 416-23 (nulidad inmediata ante falta de publicidad de convocatoria o pliego) y recomendando relanzar el procedimiento con garantías de transparencia. </p>
<p>Y además fue el mismo joven que alertó irregularidades en la compra de un “vehículo ejecutivo” (jeepeta) para uso institucional: el pliego del Ayuntamiento identifica la “Adquisición de un (1) Vehículo Ejecutivo para uso institucional” (AMJ-CCC-LR-2025-0001), pero el propio documento arrastra referencias impropias a “Camión Compactador” dentro de requisitos y garantía, lo que alimentó las denuncias públicas de inconsistencias técnicas y administrativas en ese expediente. </p>
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<p>La DGCP remitió el expediente a la Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para investigación penal y ordenó identificar y sancionar a funcionarios responsables (art. 66 Ley 340-06).</p>
<p>La defensa de Guerrero (Lic. Hernani Aquino) opuso inadmisibilidad de la querella el 23 de febrero de 2026 por incumplimiento procesal (arts. 268 y 394.4 CPP), atipicidad, falta de dolo, vulneración a libertad de expresión (art. 49 Constitución; art. 13 CADH) y desproporcionalidad, citando precedentes del Tribunal Constitucional y Corte IDH.</p>
<p>Este caso genera alarma: querellar penalmente y exigir cuantiosas indemnizaciones al ciudadano que ejerce fiscalización legítima —logrando nulidades por irregularidades en contrataciones públicas y activando instancias anticorrupción— envía una señal negativa de intento por silenciar la rendición de cuentas y la transparencia municipal. En democracia, denunciar faltas en el uso de fondos públicos es un derecho cívico fundamental, no un delito.</p>
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