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Participación Ciudadana: MAP debe investigar presunta “falta administrativa grave” en el FEDA
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<h3 class="wp-block-heading"><strong><em>Indican que descuentos a empleados del FEDA para financiar un movimiento político constituyen una falta a la ley electoral </em></strong></h3>
<p><strong>Santo Domingo.-</strong> <strong>Participación Ciudadana: MAP debe investigar presunta “falta administrativa grave” en el FEDA</strong></p>
<p><strong>Santo Domingo.</strong> La Coordinadora General de Participación Ciudadana, <strong>Leidy Blanco</strong>, afirmó que el Ministerio de Administración Pública (MAP) <strong>tiene la obligación de investigar</strong> los presuntos descuentos salariales y amenazas a servidores públicos en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), tras denuncias reveladas en un trabajo periodístico de la periodista <strong>Nuria Piera</strong>.</p>
<p>Blanco reaccionó a las declaraciones del ministro del MAP, quien indicó que el director del FEDA habría solicitado asistencia técnica luego del reportaje, señalando que <strong>no se trata de apoyo técnico</strong>, sino de una investigación formal ante lo que calificó como una posible <strong>falta administrativa grave</strong>.</p>
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<p>“Aquí no es que el director del FEDA solicite una ayuda técnica al MAP. Lo que corresponde es investigar. Si esa conducta es cierta y comprobable, la ley establece claramente que se trata de una falta administrativa grave que puede dar paso a la destitución”, expresó.</p>
</blockquote>
<p>La dirigente de Participación Ciudadana advirtió que, más allá del ámbito administrativo, los hechos denunciados <strong>podrían constituir violaciones a las leyes electorales</strong>, al presuntamente intimidar a empleados públicos para que destinen recursos salariales al sostenimiento de campañas políticas.</p>
<p>En ese sentido, indicó que <strong>la Junta Central Electoral (JCE)</strong> debe analizar este comportamiento dentro de la administración pública, al igual que la <strong>Procuraduría Especializada en Delitos Electorales</strong>, dependiente de la Procuraduría General de la República.</p>
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<p>“Estamos hablando de amenazas e intimidaciones a servidores públicos para que utilicen recursos que ya se han ganado para financiar campañas electorales. Eso es una violación clara a las leyes electorales y también al Código Penal, que tipifica esa conducta como delito”, sostuvo.</p>
</blockquote>
<p>Blanco reconoció que la JCE enfrenta una alta carga de trabajo por el proceso de cedulación, pero subrayó que <strong>su rol de fiscalización electoral sigue siendo fundamental</strong>, especialmente en lo relativo al uso clientelar de la administración pública.</p>
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<p>Finalmente, señaló que este tipo de prácticas reflejan <strong>debilidades persistentes en materia de transparencia y cultura democrática</strong>, al tiempo que recordó que se trata de conductas históricas que el país aún no ha logrado erradicar.</p>
<p>De acuerdo a la denuncia, los <strong>presuntos descuentos salariales aplicados a empleados</strong> tienen el propósito de financiar un movimiento político identificado como <em>“La Maquinaria del Cambio”</em>. La investigación, sustentada en testimonios recopilados apunta a que este mecanismo operaba <strong>desde el interior de la institución</strong>, bajo la administración de <strong>Hecmilio Galván</strong>.</p>
<p>Los montos retenidos a los trabajadores <strong>oscilaban entre RD$3,000 y RD$20,000</strong>, y quienes no cumplían o presentaban retrasos en los pagos habrían enfrentado <strong>represalias laborales</strong>, incluyendo despidos y otras sanciones administrativas. Estas denuncias colocaron al FEDA en el centro del debate público, al vincular la gestión institucional con prácticas presuntamente contrarias a la ley.</p>
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