EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó su firme oposición a la reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua.
El PLD expresó, mediante un despacho de prensa, que considera que esta decisión establece un precedente peligroso para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
El órgano especializado del PLD en materia ambiental advirtió que la sentencia vulnera directamente el orden constitucional vigente, ya que la Constitución establece que los límites de las áreas protegidas solo pueden ser modificados por ley, con el voto favorable de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso Nacional.
“Resulta jurídicamente insostenible que se intente justificar la reducción de un parque nacional apelando a una ley ordinaria vinculada al desarrollo turístico, colocándola por encima de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y de la propia Constitución. Este criterio abre la puerta a una peligrosa regresión ambiental y a la judicialización de las áreas protegidas, generando incertidumbre jurídica y presión sobre ecosistemas de alto valor ecológico”, resaltó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del PLD en un comunicado.
La Secretaría del PLD recordó que durante sus gobiernos se tomaron decisiones firmes a favor de la conservación ambiental y el fortalecimiento del SINAP, citando el Decreto 571-09, que amplió y redefinió los límites de varias áreas protegidas.
La organización política subrayó que cualquier revisión del régimen de áreas protegidas debe realizarse exclusivamente por la vía legislativa, con base científica, participación ciudadana y pleno respeto al marco constitucional.
El PLD puso a disposición un cuerpo de abogados especializados en materia ambiental y constitucional para apoyar las acciones jurídicas que se interpongan a fin de preservar la integridad del SINAP y evitar que ninguna decisión judicial o administrativa debilita estructuralmente la protección de las áreas protegidas del país.
“Estamos poniendo a disposición el cuerpo de abogados especializados en materia ambiental y constitucional, con el objetivo de contribuir, por las vías legales correspondientes, a que ninguna decisión judicial o administrativa debilita estructuralmente la protección de las áreas protegidas del país”, concluye el comunicado del PLD.
