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Senado aprueba proyecto de ley que elimina sanciones penales a alcaldes por violar la distribución del presupuesto

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<p>EL NUEVO DIARIO&comma; SANTO DOMINGO&period;– Con declaratoria de urgencia y el respaldo de todos los legisladores presentes&comma; el Senado aprobó este jueves un proyecto de ley que elimina las sanciones penales aplicables a los alcaldes y autoridades municipales por violaciones a la distribución del presupuesto&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La iniciativa modifica disposiciones vigentes que contemplaban consecuencias penales para los funcionarios municipales que incumplieran los porcentajes establecidos por ley en la asignación de los recursos&comma; particularmente los destinados a inversión&comma; servicios y gastos administrativos&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La normativa legislativa que es de la autoría del senador oficialista Aneudy Ortiz&comma; busca suprimir el tope del 30 &percnt; que limitaba los pagos destinados al personal fijo y contratado&comma; sustituyéndolo por un margen más amplio de hasta un 75 &percnt;&comma; el cual abarca no solo la nómina&comma; sino también los recursos destinados a la realización de actividades&comma; así como al funcionamiento y mantenimiento de los servicios municipales&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El proyecto que deberá ser aprobado en la Cámara de Diputados modifica el artículo 21 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios&comma; misma que fue reformulada recientemente por la Ley 75-25&comma; que indica que la distribución del gasto corriente en un 75 &percnt;&comma; dividido en tres partidas&colon; 30 &percnt; para gastos de personal&semi; 40 &percnt; para funcionamiento y servicios municipales&semi; y 5 &percnt; destinado a programas de educación&comma; género y salud&period; El 25 &percnt; restante corresponde a inversión&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Con la propuesta legislativa&comma; los gobiernos locales podrán destinar hasta un 75 &percnt; de los ingresos que reciban por transferencias del Presupuesto General del Estado al gasto corriente&comma; lo que flexibiliza la distribución interna de esos recursos&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Este gasto corriente abarcará el pago de nómina del personal fijo y contratado de manera temporal que desempeñe funciones administrativas&comma; incluyendo las remuneraciones de los funcionarios electivos&period;<&sol;p>&NewLine;<p>También comprenderá al personal encargado de garantizar los servicios de competencia municipal&comma; así como los gastos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento ordinario de los distintos servicios que prestan los ayuntamientos&period;<&sol;p>&NewLine;<p>No obstante&comma; la iniciativa mantiene sin variación alguna el 5 &percnt; del gasto corriente destinado a programas de educación&comma; salud y género&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Asimismo&comma; en cuanto a la inversión&comma; la pieza deja intacto el 25 &percnt; de los recursos para gastos de capital&comma; dirigidos a obras de infraestructura&comma; construcción y modificación de inmuebles&comma; así como a la adquisición de bienes muebles vinculados a proyectos de construcción&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Estos fondos también podrán utilizarse para iniciativas de reinversión y desarrollo económico y social a nivel local&comma; en estricto cumplimiento del presupuesto participativo y de las leyes&comma; reglamentos y normas que rigen su aplicación&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La normativa busca eliminar las sanciones establecidas en la ley actual que van desde penas de 2 a 5 años de prisión&comma; el pago de una indemnización de 5 a 20 salarios mínimos hasta la inhabilitación para el servicio público a quienes violen dichas disposiciones&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados para su estudio y eventual aprobación&period; De convertirse en ley&comma; entraría en vigor una vez sea promulgado por el Poder Ejecutivo&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace;EL NUEVO DIARIO&comma; SANTO DOMINGO&period;– Con declaratoria de urgencia y el respaldo de todos los legisladores presentes&comma; el Senado aprobó este jueves un proyecto de ley que elimina las sanciones penales aplicables a los alcaldes y autoridades municipales por violaciones a la distribución del presupuesto&period; La iniciativa modifica disposiciones vigentes que contemplaban consecuencias penales para Economía&comma; Portada <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace; <&sol;p>&NewLine;

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