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¿Por qué se cuestionan los bonos navideños del Gobierno? ¡Entérate!
SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció la falta de transparencia en el reparto de RD$1,500 millones en bonos navideños destinados a familias de escasos recursos.
Al respecto, el vicepresidente del PLD, Temístocles Montás, sostuvo que se ha observado a funcionarios públicos entregando de manera selectiva este beneficio social.
A esto se suma la entrega de bonos físicos por igual monto, que impactará a 1 millón 200 mil personas, a través del Gabinete de Política Social.
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A modo de ejemplo, Montás citó la práctica reiterada, supuestamente realizada por Tony Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Política Social, de distribuir personalmente dichos bonos.
Al reprobar esta práctica, el miembro fundador del PLD planteó una serie de interrogantes:
¿Puede considerarse transparente que un funcionario reparta, de manera personal y discrecional, beneficios financiados con fondos públicos?
¿Quién garantiza que ese funcionario no retiene una parte de los recursos destinados a esos bonos?
“Estas interrogantes no surgen de la malicia, sino de la falta de mecanismos que permitan descartar irregularidades. En un Estado democrático, la transparencia no descansa en la confianza subjetiva, sino en la trazabilidad, la documentación y el control institucional”, opinó Montás en un documento enviado por el partido morado.
Sostuvo que el país ha avanzado hacia sistemas más robustos de asistencia social, con controles específicos, por lo que observar a un funcionario distribuyendo sobres o tarjetas como si se tratara de bienes de carácter personal constituye un claro retroceso.
“La práctica del señor Peña Guaba no solo debilita los controles básicos del gasto social; también genera confusión entre la función pública y la construcción de capital político. Cuando un alto cargo aparece entregando recursos a personas vulnerables, la línea que separa la asistencia institucional del proselitismo se vuelve difusa”, afirmó Temístocles Montás.
Consideró, además, que la política social exige criterios profesionales, impersonales y verificables, lo que implica procesos formales, mecanismos institucionales de entrega, sistemas electrónicos trazables y la eliminación de la discrecionalidad.
Para Montás, la confianza pública requiere garantías verificables, no simples declaraciones.
“Sería bueno saber qué opina doña Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental”, manifestó el dirigente político.
