Empresarios encuentran aliados en el Congreso para modificar la cesantía

La iniciativa, sometida bajo el expediente número 04676-2024-2028-CD, propone modificar el artículo 80 del Código de Trabajo (Ley 16-92) para establecer un tope máximo de seis meses de salario al auxilio de cesantía, sin importar los años de servicio del trabajador en una empresa.

Esta propuesta forma parte del proceso de reforma al Código de Trabajo, que ha generado una oleada de críticas y rechazo en sectores sindicales, sociales y académicos, los cuales la consideran una amenaza directa contra los derechos adquiridos de la clase trabajadora.

Un cambio con fuerte impacto social

Actualmente, el artículo 80 garantiza una compensación progresiva por años de servicio, considerada uno de los pilares del derecho laboral dominicano.

El proyecto de Barceló eliminaría ese principio acumulativo, sustituyéndolo por un monto fijo que reduciría el valor del trabajo y la antigüedad. En la práctica, un empleado con 20 años en una empresa recibiría la misma compensación que otro con apenas seis meses de labor.

Este cambio implicaría una alteración estructural del equilibrio entre empleador y trabajador, reduciendo la estabilidad y abaratando los despidos.

“Limitar la cesantía a seis meses es desmontar el sistema de protección que ha sostenido la paz laboral durante tres décadas”, afirmó un abogado consultado, quien advirtió que la medida violaría el principio constitucional de progresividad de los derechos laborales, establecido en el artículo 62 de la Constitución.

El argumento central de la legisladora es que el actual sistema de cesantía encarece el despido y desincentiva la creación de empleos formales, por lo que el cambio permitiría, según sus defensores, dinamizar la economía y mejorar la competitividad laboral del país.

Sin embargo, no todos los legisladores del PRM comparten esa visión. Algunos diputados del bloque oficialista, principalmente de provincias con alta densidad obrera, han expresado reservas y advierten sobre el impacto político y social que podría tener una medida percibida como antiobrera.

Aun así, la postura oficial del partido de gobierno ha sido de acompañamiento y defensa del proyecto, que se discute actualmente en la Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Rechazo sindical y advertencias jurídicas

Las centrales sindicales del país han calificado la propuesta como un retroceso histórico, recordando que el auxilio de cesantía fue una conquista lograda tras años de lucha, destinada a proteger al trabajador frente al despido injustificado.

“Este proyecto legaliza la precariedad”, expresó un dirigente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS). “Es una maniobra para abaratar el despido y romper el equilibrio de fuerzas que garantiza el Código de Trabajo”.

El economista laboral Rafael Santos coincidió en que limitar la cesantía afectaría la economía familiar y el consumo interno, debilitando el poder adquisitivo de los trabajadores y aumentando la desigualdad social. “Se trata de una política regresiva, disfrazada de modernización”, sostuvo el experto.

Otros proyectos en debate

La iniciativa de Barceló se analiza junto a otros tres proyectos de ley que buscan modificar distintos aspectos del Código de Trabajo: el Proyecto No. 04570-2024-2028-CD, de reforma integral; el No. 04754-2024-2028-CD, sobre contratación laboral; y el No. 04976-2024-2028-CD, sometido por varios senadores para introducir cambios estructurales en materia de relaciones laborales.

Sin embargo, ninguno de estos aborda de manera directa la cesantía, lo que convierte la propuesta de Barceló en el foco principal del debate legislativo actual.

Un punto de inflexión para el país

El futuro del auxilio de cesantía se ha convertido en una prueba decisiva para el Congreso Nacional. Mientras el empresariado defiende la necesidad de “flexibilizar” el régimen laboral, sindicatos, juristas y economistas alertan sobre los riesgos de desmantelar una conquista social que ha garantizado la paz laboral y la dignidad del trabajo durante más de tres décadas.

De aprobarse, el proyecto de Carmen Ligia Barceló supondría un cambio estructural en el modelo laboral dominicano, reduciendo los derechos de los trabajadores en beneficio del capital. Un giro que, según diversos sectores, colocaría al país en la antesala de un conflicto social y marcaría un retroceso en la historia de las relaciones laborales en la República Dominicana.