Santo Domingo. — La Comisión de Infraestructura de la Fuerza del Pueblo (FP) exigió este lunes la suspensión inmediata de la licitación del Monorriel de Santo Domingo, al considerar que el proyecto, impulsado bajo el fideicomiso FITRAM, presenta irregularidades legales, falta de transparencia y costos superiores a los del Metro, pese a tener menor capacidad operativa.
Durante una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el ingeniero César Fernández, portavoz de la comisión, explicó que el proceso FITRAM-CCC-LP-2025-0001 vulnera principios de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y advirtió que el modelo de ejecución “pone en riesgo la sostenibilidad financiera y técnica del transporte masivo en el país”.
“La Fuerza del Pueblo no se opone a la ampliación del transporte público. Creemos en una movilidad moderna, masiva y eficiente como un derecho de la gente”, afirmó Fernández. “Respaldamos cualquier proyecto que sea viable, transparente y sostenible para la ciudadanía”.
Equipo de ingenieros de la Fuerza del Pueblo considera que los costos del monorriel superan al Metro, a pesar de ofrecer menor capacidad operativa y sostenibilidad financiera comprometida
Al analizar el diseño y la capacidad del monorriel, Fernández señaló que el sistema propuesto nace por debajo de la demanda real del corredor, con una capacidad máxima de 20 mil pasajeros por hora/sentido, frente a los 27 mil que ya transporta el Metro de Santo Domingo.
“Escoger un modo de menor capacidad en un eje de alta demanda condena la red a la saturación temprana”, enfatizó, al advertir que esto limitaría el crecimiento futuro y aumentaría los tiempos de espera en horas pico.
Asimismo, advirtió que el esquema 100 % elevado y la tecnología propietaria del monorriel restringen su escalabilidad e integración con el sistema existente, encareciendo la operación y el mantenimiento. “El país ya dispone de una infraestructura metroviaria probada y escalable”, añadió.
El ingeniero Jeffrey Infante, miembro de la comisión, presentó un análisis comparativo que revela que el costo por kilómetro del monorriel supera al del Metro, a pesar de ofrecer menor capacidad. Infante explicó que la combinación de viaductos continuos, aparatos de vía especiales y material rodante no estandarizado eleva la inversión inicial y los costos de mantenimiento.
“No hay ahorro fiscal: se paga más por transportar menos”, resumió el especialista.
También advirtió que el monorriel implicaría gastos operativos más altos, debido al consumo energético, mantenimiento de estructuras elevadas y logística de rescate, factores que comprometen la sostenibilidad financiera del proyecto.
El comisionado Wilkin Moreno señaló que, según las buenas prácticas internacionales, los monorrieles son recomendados para corredores de demanda media, mientras que para flujos mayores a 20–24 mil pasajeros por hora/sentido, la literatura técnica sugiere metro pesado, por su robustez y capacidad de expansión.
“El diseño debe responder a la demanda del corredor, no a la novedad tecnológica”, puntualizó Moreno, quien también advirtió sobre riesgos de evacuación en altura, fallas estructurales en viaductos únicos y tiempos prolongados de recuperación ante incidentes.
El diputado Tobías Crespo denunció la falta de transparencia en la estructura fiduciaria del FITRAM, al operar con escaso control parlamentario y sin auditorías externas publicadas. Exigió la divulgación del contrato de fideicomiso, los estados financieros y la matriz de riesgos, para evitar un posible endeudamiento encubierto o compromisos fiscales no autorizados.
“El país no puede comprometer recursos multimillonarios sin una debida diligencia completa y transparente”, subrayó Crespo.
El arquitecto Carlos Sully Bonelly cuestionó el proceso licitatorio al señalar deficiencias de transparencia, plazos restrictivos y documentación técnica incompleta, lo que —a su juicio— afecta la libre competencia y podría favorecer a determinados oferentes.
“Sin información completa y verificable, no hay transparencia ni competencia efectiva”, afirmó.
De su lado, el jurista Manuel Fermín Cabral advirtió posibles violaciones a los principios de la Ley 340-06, particularmente los de publicidad, igualdad y libre competencia, lo que podría derivar en impugnaciones o nulidades del proceso.
En nombre de toda la comisión, el ingeniero César Fernández reiteró el llamado a suspender la licitación FITRAM-CCC-LP-2025-0001, auditar el fideicomiso y reorientar la inversión hacia la expansión del Metro de Santo Domingo, “un sistema de mayor capacidad, menor riesgo y mejor retorno social para el país”.
La Comisión de Infraestructura de la Fuerza del Pueblo instó al Gobierno y a los órganos de control a publicar los estudios técnicos completos del proyecto, responder a las observaciones presentadas y convocar audiencias públicas con participación de la academia, los colegios profesionales y la sociedad civil antes de comprometer fondos estatales.
