Economica
Cuestionan legalidad de declaración de emergencia para compras y contrataciones en sector eléctrico
<p>EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) cuestionó este miércoles la legalidad del Decreto No. 517-25, mediante el cual el Poder Ejecutivo declara «emergencia nacional» todas las compras y contrataciones vinculadas al sector eléctrico, para incrementar la capacidad de generación, reducir la inestabilidad, suplir la demanda y fortalecer el almacenamiento, incluyendo obras, equipos, servicios y consultorías especializadas para mejorar el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).</p>
<p>Según ADOCCO, la Constitución y la Ley 340-06 establecen criterios claros para declarar un estado de emergencia. El artículo 265 de la carta magna indica que esta medida aplica solo en situaciones que perturben gravemente el orden económico, social, medioambiental o que constituyan calamidad pública. Por su parte, la ley establece que las compras y contrataciones por emergencia deben estar justificadas y limitadas a lo estrictamente necesario para atender la situación inmediata.</p>
<p>Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de Adocco explicó que el Manual General de Procedimientos de Contratación por Excepción aclara que la contratación por emergencia “debe resolver un acontecimiento cierto, evidente y concreto que afecte al Estado y al interés general”. Señaló que los bienes, servicios u obras deben limitarse a atender lo urgente y prevenir mayores daños, no a cubrir problemas extendidos en el tiempo.</p>
<p>Según la organización, los problemas del sector eléctrico son resultado de la falta de planificación y no de un fenómeno natural o una pandemia. Esto, argumentan, significa que no se cumplen los requisitos legales para declarar la emergencia, ya que los gastos y contrataciones derivados se han producido por improvisación y no por una situación inesperada.</p>
<p>“Las contrataciones por emergencia no aplican para necesidades prolongadas, obras de ejecución diferida ni servicios sucesivos. Solo pueden emplearse para mantener la infraestructura y evitar un colapso inmediato, pero no para rehabilitarla”, precisó De la Rosa Tiburcio.</p>
<p>ADOCCO también criticó que el decreto vincule la emergencia a la pandemia de COVID-19 y al conflicto Rusia-Ucrania, señalando que estas situaciones no justifican la excepción. “Las empresas distribuidoras de electricidad han tenido tiempo suficiente para enfrentar el déficit cumpliendo con la ley, sin necesidad de recurrir a medidas extraordinarias”, concluyó el vocero de la organización.</p>
<p>La institución advirtió que este tipo de decisiones podría vulnerar la Ley 340-06 y su reglamento, afectando la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos destinados al sector eléctrico.</p>
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<p>​EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) cuestionó este miércoles la legalidad del Decreto No. 517-25, mediante el cual el Poder Ejecutivo declara «emergencia nacional» todas las compras y contrataciones vinculadas al sector eléctrico, para incrementar la capacidad de generación, reducir la inestabilidad, suplir la demanda y fortalecer el Economía, Portada </p>
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