Ciencia y Tecnología
A Renfe se le está atragantando la liberalización de la alta velocidad. Con Cercanías tiene otro plan: retrasarla lo máximo posible
España tiene que liberalizar el servicio de Cercanías. No porque el Gobierno quiera, porque es un mandamiento europeo desde que se aprobara el Cuarto Paquete Ferroviario, allá por 2016. Sin embargo, España se está resistiendo todo lo posible a aplicar estos cambios. Ahora, la CNMC ha vuelto a avisar: toca liberalización.
Obligada. Sí, España está obligada a liberalizar el servicio de Cercanías. De hecho, estaba obligada a que, como tarde, el 25 de diciembre de 2023 tuviera licitados mediante concurso público todos los servicios. El año pasado, en 2024, se debían haber adjudicado los contratos.
Al menos, si se hubieran cumplido los plazos establecidos desde que en 2016 se aprobara el Cuarto Paquete Ferroviario. El año pasado, en la última parte del año, la CNMC señaló que había “puesto en marcha una consulta pública para recabar información sobre los servicios públicos de transporte de viajeros en ferrocarril (cercanías y media distancia) y su próxima licitación”.
Los plazos anteriores podían ampliarse siempre y cuando existiera ya un contrato vigente en las fechas anteriores.
¿A escondidas? Ese detalle sobre los plazos es importante. Según ABC, el contrato de Renfe actual se extendía desde 2018 hasta 2027. Llegado 2026, debía sacarse a concurso público al menos el 3% del valor del contrato relativo al servicio de Cercanías.
Sin embargo, aseguran en el diario que el Gobierno y Renfe firmaron (sin hacerlo público) una adenda al contrato actual para retrasar este primer paso de liberalización a 2028. La intención es, por tanto, mantener todo lo posible el servicio de Cercanías en posesión de Renfe. Calcula este medio que el valor de ese 3% del contrato supera ahora los 1.000 millones de euros.
¿Qué fechas se manejan? Si todo sigue su curso y no hay más novedades, la intención es que la liberalización del servicio comience en 2028. Primero con una prueba piloto, explican en El Economista, que duraría hasta 2033. A partir de entonces, la liberalización debería ser definitiva.
Para llevar a cabo esta adenda, se aseguró que “no ha sido posible determinar las obligaciones de servicio público que serán objeto de licitación antes del 1 de enero de 2026”. Por ello se firmaba dicha ampliación en el contrato que lleva la liberalización un año más allá de lo planeado inicialmente cuando se esperaba que Cercanías se hubiera liberalizado en 2032.
Pese a que el Gobierno ya era consciente de que en 2023 se empezaba a aplicar ese Cuarto Paquete Ferroviario europeo que apuesta por la liberalización, en 2018 firmó el acuerdo con Renfe que mantiene su monopolio hasta entrada la próxima década.
No es la primera vez. El retraso en la liberalización de Cercanías no es el único caso en el que el Gobierno se mueve en espacios grises para la liberalización de un servicio ferroviario. Tampoco Óscar Puente, ministro de Transportes, se ha mostrado a favor de este tipo de intervenciones.
En la línea Madrid-Galicia, por ejemplo, se están consiguiendo grandes resultados para Renfe, hasta el punto que han conseguido hacer retroceder la oferta de billetes de las aerolíneas. Sin embargo, el Gobierno sabe que Renfe mantendrá durante un tiempo el monopolio en el corredor ya que la particularidad del salto de vías obliga a producir unos trenes muy concretos que Renfe ha ido acaparando. Ahora empresas como Ouigo tienen una enorme lista de espera si quieren los suyos.
Y, como decíamos, Puente ha sido el primero en criticar el sistema. Señala que como Renfe tiene la obligación de operar como un servicio público está en desventaja porque Ouigo o Iryo, las dos compañías que han entrado a funcionar en España, pueden elegir los corredores más rentables pero Renfe está obligada a prestar servicio en, por ejemplo, la línea Madrid-Extremadura que es menos rentable.
Daño. La llegada de Ouigo e Iryo a las vías férreas españolas ha hecho daño a Renfe, especialmente en lo que a precios se refiere. Sí es cierto que a Puente no le falta razón cuando apunta que, realmente, las tres empresas no operan exactamente en las mismas condiciones pero también conviene recordar otros datos.
La llegada de ambas compañías ha pinchado la burbuja de los precios de la alta velocidad en tren. Nunca antes se ha movido tanto volumen de pasajeros en este tipo de líneas pero hay que tener en cuenta que, desde la llegada de la empresa francesa e italiana, los precios han caído y nunca han estado tan baratos.
¿Hay casos en Europa? Sí, España no sería el primer país en liberalizar sus servicios de Cercanías aunque hay matices importantes porque el protagonismo de las compañías que hasta no hace tanto eran nacionales es muy fuerte.
En Alemania, la S-Bahn de Berlín que opera 15 líneas fue adjudicada en 2021 mediante concurso público… que se llevó una subsidiaria de Deutsche Bahn (la Renfe alemana). Sin embargo, la red Saale-Thüringen-Südharz (STS) tiene 575 kilómetros operada por Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH, un operador privado. En Francia, Renfe perdió la licitación en los Nantes-Burdeos y Nantes-Lyon que se llevó SNCF (la Renfe francesa). En el Piamonte italiano, Renfe sí ha conseguido colarse parcialmente.
Sin embargo, en Reino Unido han tenido un sistema liberalizado desde hace décadas. Ahora, cansados del mal estado de los trenes y del mal servicio ofrecido el Gobierno está intentando revertir la situación y volver a un monopolio para retomar las riendas del servicio público.
Foto | Germán Poo-Caamaño y jornal.cat
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La noticia
A Renfe se le está atragantando la liberalización de la alta velocidad. Con Cercanías tiene otro plan: retrasarla lo máximo posible
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Alberto de la Torre
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España tiene que liberalizar el servicio de Cercanías. No porque el Gobierno quiera, porque es un mandamiento europeo desde que se aprobara el Cuarto Paquete Ferroviario, allá por 2016. Sin embargo, España se está resistiendo todo lo posible a aplicar estos cambios. Ahora, la CNMC ha vuelto a avisar: toca liberalización.
Obligada. Sí, España está obligada a liberalizar el servicio de Cercanías. De hecho, estaba obligada a que, como tarde, el 25 de diciembre de 2023 tuviera licitados mediante concurso público todos los servicios. El año pasado, en 2024, se debían haber adjudicado los contratos.
Al menos, si se hubieran cumplido los plazos establecidos desde que en 2016 se aprobara el Cuarto Paquete Ferroviario. El año pasado, en la última parte del año, la CNMC señaló que había “puesto en marcha una consulta pública para recabar información sobre los servicios públicos de transporte de viajeros en ferrocarril (cercanías y media distancia) y su próxima licitación”.
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Sin embargo, aseguran en el diario que el Gobierno y Renfe firmaron (sin hacerlo público) una adenda al contrato actual para retrasar este primer paso de liberalización a 2028. La intención es, por tanto, mantener todo lo posible el servicio de Cercanías en posesión de Renfe. Calcula este medio que el valor de ese 3% del contrato supera ahora los 1.000 millones de euros.
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Para llevar a cabo esta adenda, se aseguró que “no ha sido posible determinar las obligaciones de servicio público que serán objeto de licitación antes del 1 de enero de 2026”. Por ello se firmaba dicha ampliación en el contrato que lleva la liberalización un año más allá de lo planeado inicialmente cuando se esperaba que Cercanías se hubiera liberalizado en 2032.
Pese a que el Gobierno ya era consciente de que en 2023 se empezaba a aplicar ese Cuarto Paquete Ferroviario europeo que apuesta por la liberalización, en 2018 firmó el acuerdo con Renfe que mantiene su monopolio hasta entrada la próxima década.
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Alberto de la Torre
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