Un pueblo de Toledo se ha cansado de los okupas. Así que está ofreciendo un nuevo servicio a sus vecinos para echarlos

Escalona es un pueblo de Castilla-La Mancha que no suele acaparar titulares más allá de la prensa regional. Desde hace un tiempo sin embargo es habitual encontrar noticias que lo relacionan con la ocupación ilegal de casas. Y no porque allí suponga un problema grave (que lo ha sido). No. El motivo es que Ayuntamiento ha emprendido una auténtica cruzada contra los okupas, lo que le ha llevado a activar un plan municipal, abrir una oficina especial, tapiar viviendas y, ahora, ofrecer un servicio gratuito a los vecinos para agilizar los desalojos durante las primeras 48 horas.

De momento parece que no le va mal: el Ayuntamiento presume de que las ocupaciones ilegales han caído más de un 60%.

Escalona en guerra. En Escalona, un municipio de la provincia de Toledo de 3.800 vecinos, le han declarado la guerra a la ocupación ilegal de viviendas. Y con contundencia. Tanto de hecho que en 2023 (justo un año después de activar su ‘plan antiokupa’) el Consistorio calculaba que el problema se había reducido ya un 75% en el municipio y el número de delitos se había desplomado también un 70%. Desde entonces el Consistorio no ha parado y hace poco insistía en las facilidades legales que ofrece para desalojar viviendas.

“No hay excusas”. La cruzada de Escalona no es nueva. De hecho puede remontarse al menos a marzo de 2021, cuando el alcalde Álvaro Gutiérrez(PSOE) envió una carta a los vecinos presentándoles el Plan Municipal contra la Ocupación Ilegal de Viviendas. ¿Su objetivo? Afrontar el que, en opinión del regidor, es el reto “más difícil” que encara el municipio: los okupas. “No podemos ni queremos mirar hacia otro lado. No hay excusas para la ocupación ilegal”, arranca. “Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, sí; pero debe acceder a ella a través de los instrumentos legales y políticas sociales sin perjudicar los derechos de los demás”.

¿Y qué plantea? El plan no tardó en entrar en vigor y se apoya básicamente en tres patas. La principal es la creación de una oficina municipal “anti-ocupaciones ilegales”, un departamento dedicado a ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a los dueños de viviendas del pueblo, sin importar si están o no empadronados allí. Su objetivo: agilizar los trámites y que los propietarios de casas afectadas actúen con rapidez durante las primeras 48 horas de la ocupación, lo que puede agilizar considerablemente el desalojo.

Con ese propósito, el Ayuntamiento de Escalona ha creado un censo de viviendas “en riesgo” y promueve la firma de acuerdos tanto con particulares como con bancos que tengan casas vacías en el municipio. Gracias a ellos los dueños delegan su representación legal en el Consistorio para que este pueda denunciar inmediatamente en el juzgado una ocupación ilegal. El objetivo es el mismo: acortar tiempos y aprovechar las primeras 48 horas de la ocupación para, en palabras del Consistorio, buscar el “desalojo exprés”.

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“Okupas de garaje”: hay gente aparcando su coche todos los días en plazas de aparcamiento que no son las suyas

Casa en desuso, casa tapiada. La segunda pata del ‘plan antiokupas’ consiste en una ordenanza que obliga a tapiar o instalar puertas y ventanas especiales en aquellas viviendas que permanezcan vacías de forma permanente. La medida, aclaraba Gutiérrez en su carta, se dirige sobre todo a las entidades financieras que tienen en cartera casas vacías y sin inquilinos. “Si no proceden en el tiempo estipulado se iniciará el expediente judicial oportuno para que lo pueda realizar de oficio el Ayuntamiento con la autorización judicial pertinente”, advierte el alcalde, que advierte también de multas y sanciones para quienes no cumplan.

¿Y se hace? Eso parece. El Ayuntamiento calcula que solo en marzo de 2022, con el ‘plan antiokupa’ recién activado, se tapiaron las puertas y ventanas de 40 viviendas repartidas por barrios y urbanizaciones de la localidad. Y su intención era seguir haciéndolo, bloqueando otras 10 edificaciones a corto plazo. En su balance de 2023 hablaba ya de más de medio centenar de casas con las ventanas y puertas cerradas a cal y canto para mantener alejados a los okupas, una labor que al menos en algunos casos se hace con recursos locales.

Apretando vía impuestos. Para evitar que haya viviendas vacías en manos de bancos, el ‘plan antiokupa’ contempla también la creación de un impuesto pensado para entidades financieras con edificios en riesgo. Su lógica es muy sencilla: si el propietario (banco, fondo buitre, etc.) se niega a instalar cerramientos o tapiar la vivienda y tampoco la destina al alquiler social se enfrenta a una tasa especial. “La ida es desincentivar la política de brazos caídos por parte de las entidades financieras ante este grave problema con incentivos económicos”, señala la carta.

Al informar del tapiado de edificios, el Ayuntamiento recuerda de hecho que esa es su última opción. “Hemos de recordar que el 100% de estas viviendas proceden de entidades financieras, fondos de inversión o fondos buitres y que se les ha instado a alquilaras a familias vulnerables. El tapiado es el último recurso para evitar su uso para fines ilícitos”, reivindican desde el municipio toledano.

Ayuntamiento… y algo más. La tercera pata del plan se apoya en organismos y entidades que van más allá del propio Consistorio, como la Guardia Civil, el uso de seguridad privada para “reforzar las operaciones especiales contra la delincuencia” en temporada alta o ampliar el cuerpo de Policía Local con nuevas plazas. Y no son los únicos recursos del Ayuntamiento. Su plan habla de acuerdos con “entidades suministradoras” para “agilizar al máximo los cortes de suministro de enganches ilegales de viviendas ocupadas”.

Poderes notariales. En mayo el Gobierno local se lo puso más fácil a los dueños de casas ocupadas para recurrir a la justicia al informar de un nuevo servicio municipal, una mediación gratuita para que cualquier propietario afectado pueda beneficiarse de las últimas novedades legales y vaciar su vivienda en 48 horas.

“El Ayuntamiento ofrece a todos los dueños de viviendas ocupadas asumir los costes judiciales y notariales si se les otorga el poder notarial para presentar la demanda en los juzgados y así agilizar el desalojo”, informa el Consistorio. “Esta nueva medida se une al plan contra las ocupaciones ilegales gracias al cual, según las informaciones de la Guardia Civil, Escalona ha conseguido reducir un 65% las ocupaciones ilegales respecto al pico”.

¿Tan grave es el problema? Que Escalona haya decidido mover ficha de forma tan contundente no es casualidad. De entrada la villa afronta algunos desafíos demográficos de calado, como los repartidos que están sus núcleos de población o las oscilaciones en su padrón a lo largo del año. “Tenemos las competencias y recursos de cualquier municipio de 3.400 empadronados, pero picos de población que superan los 25.000 habitantes”, advertía Gutiérrez en su carta de 2021.

A eso se añade el grabe problema de ocupación que llegó a padecer, con más de 130 viviendas afectadas, según la cadena SER, y los diferentes perfiles de los okupas. Durante una entrevista concedida hace solo unos meses a ABC, Álvaro Gutiérrez aseguraba que en la localidad hay “ocupaciones de temporada, de segunda residencia”. “Esto es ya rizar el rizo. Son gente que vive en Madrid o donde sea y que tienen viviendas ocupadas en Escalona para ir el fin de semana o que las ocupan para estar durante el verano”.

Imágenes | Ayuntamiento de Escalona

En Xataka | Hay una España en la que se construye vivienda más rápido de lo que se forman hogares. Ni ella se libra de la subida de precios

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La noticia

Un pueblo de Toledo se ha cansado de los okupas. Así que está ofreciendo un nuevo servicio a sus vecinos para echarlos

fue publicada originalmente en

Xataka

por
Carlos Prego

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​Escalona es un pueblo de Castilla-La Mancha que no suele acaparar titulares más allá de la prensa regional. Desde hace un tiempo sin embargo es habitual encontrar noticias que lo relacionan con la ocupación ilegal de casas. Y no porque allí suponga un problema grave (que lo ha sido). No. El motivo es que Ayuntamiento ha emprendido una auténtica cruzada contra los okupas, lo que le ha llevado a activar un plan municipal, abrir una oficina especial, tapiar viviendas y, ahora, ofrecer un servicio gratuito a los vecinos para agilizar los desalojos durante las primeras 48 horas.

De momento parece que no le va mal: el Ayuntamiento presume de que las ocupaciones ilegales han caído más de un 60%.

Escalona en guerra. En Escalona, un municipio de la provincia de Toledo de 3.800 vecinos, le han declarado la guerra a la ocupación ilegal de viviendas. Y con contundencia. Tanto de hecho que en 2023 (justo un año después de activar su ‘plan antiokupa’) el Consistorio calculaba que el problema se había reducido ya un 75% en el municipio y el número de delitos se había desplomado también un 70%. Desde entonces el Consistorio no ha parado y hace poco insistía en las facilidades legales que ofrece para desalojar viviendas.

“No hay excusas”. La cruzada de Escalona no es nueva. De hecho puede remontarse al menos a marzo de 2021, cuando el alcalde Álvaro Gutiérrez(PSOE) envió una carta a los vecinos presentándoles el Plan Municipal contra la Ocupación Ilegal de Viviendas. ¿Su objetivo? Afrontar el que, en opinión del regidor, es el reto “más difícil” que encara el municipio: los okupas. “No podemos ni queremos mirar hacia otro lado. No hay excusas para la ocupación ilegal”, arranca. “Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, sí; pero debe acceder a ella a través de los instrumentos legales y políticas sociales sin perjudicar los derechos de los demás”.

¿Y qué plantea? El plan no tardó en entrar en vigor y se apoya básicamente en tres patas. La principal es la creación de una oficina municipal “anti-ocupaciones ilegales”, un departamento dedicado a ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a los dueños de viviendas del pueblo, sin importar si están o no empadronados allí. Su objetivo: agilizar los trámites y que los propietarios de casas afectadas actúen con rapidez durante las primeras 48 horas de la ocupación, lo que puede agilizar considerablemente el desalojo.

Con ese propósito, el Ayuntamiento de Escalona ha creado un censo de viviendas “en riesgo” y promueve la firma de acuerdos tanto con particulares como con bancos que tengan casas vacías en el municipio. Gracias a ellos los dueños delegan su representación legal en el Consistorio para que este pueda denunciar inmediatamente en el juzgado una ocupación ilegal. El objetivo es el mismo: acortar tiempos y aprovechar las primeras 48 horas de la ocupación para, en palabras del Consistorio, buscar el “desalojo exprés”.

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“Okupas de garaje”: hay gente aparcando su coche todos los días en plazas de aparcamiento que no son las suyas

Casa en desuso, casa tapiada. La segunda pata del ‘plan antiokupas’ consiste en una ordenanza que obliga a tapiar o instalar puertas y ventanas especiales en aquellas viviendas que permanezcan vacías de forma permanente. La medida, aclaraba Gutiérrez en su carta, se dirige sobre todo a las entidades financieras que tienen en cartera casas vacías y sin inquilinos. “Si no proceden en el tiempo estipulado se iniciará el expediente judicial oportuno para que lo pueda realizar de oficio el Ayuntamiento con la autorización judicial pertinente”, advierte el alcalde, que advierte también de multas y sanciones para quienes no cumplan.

¿Y se hace? Eso parece. El Ayuntamiento calcula que solo en marzo de 2022, con el ‘plan antiokupa’ recién activado, se tapiaron las puertas y ventanas de 40 viviendas repartidas por barrios y urbanizaciones de la localidad. Y su intención era seguir haciéndolo, bloqueando otras 10 edificaciones a corto plazo. En su balance de 2023 hablaba ya de más de medio centenar de casas con las ventanas y puertas cerradas a cal y canto para mantener alejados a los okupas, una labor que al menos en algunos casos se hace con recursos locales.

Apretando vía impuestos. Para evitar que haya viviendas vacías en manos de bancos, el ‘plan antiokupa’ contempla también la creación de un impuesto pensado para entidades financieras con edificios en riesgo. Su lógica es muy sencilla: si el propietario (banco, fondo buitre, etc.) se niega a instalar cerramientos o tapiar la vivienda y tampoco la destina al alquiler social se enfrenta a una tasa especial. “La ida es desincentivar la política de brazos caídos por parte de las entidades financieras ante este grave problema con incentivos económicos”, señala la carta.

Al informar del tapiado de edificios, el Ayuntamiento recuerda de hecho que esa es su última opción. “Hemos de recordar que el 100% de estas viviendas proceden de entidades financieras, fondos de inversión o fondos buitres y que se les ha instado a alquilaras a familias vulnerables. El tapiado es el último recurso para evitar su uso para fines ilícitos”, reivindican desde el municipio toledano.

Ayuntamiento… y algo más. La tercera pata del plan se apoya en organismos y entidades que van más allá del propio Consistorio, como la Guardia Civil, el uso de seguridad privada para “reforzar las operaciones especiales contra la delincuencia” en temporada alta o ampliar el cuerpo de Policía Local con nuevas plazas. Y no son los únicos recursos del Ayuntamiento. Su plan habla de acuerdos con “entidades suministradoras” para “agilizar al máximo los cortes de suministro de enganches ilegales de viviendas ocupadas”.

Poderes notariales. En mayo el Gobierno local se lo puso más fácil a los dueños de casas ocupadas para recurrir a la justicia al informar de un nuevo servicio municipal, una mediación gratuita para que cualquier propietario afectado pueda beneficiarse de las últimas novedades legales y vaciar su vivienda en 48 horas.

“El Ayuntamiento ofrece a todos los dueños de viviendas ocupadas asumir los costes judiciales y notariales si se les otorga el poder notarial para presentar la demanda en los juzgados y así agilizar el desalojo”, informa el Consistorio. “Esta nueva medida se une al plan contra las ocupaciones ilegales gracias al cual, según las informaciones de la Guardia Civil, Escalona ha conseguido reducir un 65% las ocupaciones ilegales respecto al pico”.

¿Tan grave es el problema? Que Escalona haya decidido mover ficha de forma tan contundente no es casualidad. De entrada la villa afronta algunos desafíos demográficos de calado, como los repartidos que están sus núcleos de población o las oscilaciones en su padrón a lo largo del año. “Tenemos las competencias y recursos de cualquier municipio de 3.400 empadronados, pero picos de población que superan los 25.000 habitantes”, advertía Gutiérrez en su carta de 2021.

A eso se añade el grabe problema de ocupación que llegó a padecer, con más de 130 viviendas afectadas, según la cadena SER, y los diferentes perfiles de los okupas. Durante una entrevista concedida hace solo unos meses a ABC, Álvaro Gutiérrez aseguraba que en la localidad hay “ocupaciones de temporada, de segunda residencia”. “Esto es ya rizar el rizo. Son gente que vive en Madrid o donde sea y que tienen viviendas ocupadas en Escalona para ir el fin de semana o que las ocupan para estar durante el verano”.

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En Xataka | Hay una España en la que se construye vivienda más rápido de lo que se forman hogares. Ni ella se libra de la subida de precios

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Un pueblo de Toledo se ha cansado de los okupas. Así que está ofreciendo un nuevo servicio a sus vecinos para echarlos

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por
Carlos Prego

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