Politica
Pensiones ilegales superan presupuestos de instituciones clave, alerta Fuerza del Pueblo
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<p>La denuncia fue presentada por <strong>Raúl Martínez</strong>, titular de la Secretaría de <strong>Asuntos Jurídicos de la FP</strong>, quien afirmó que esta práctica viola la <strong>Ley 379-81, q</strong>ue solo autoriza pensiones especiales en casos específicos y, fuera de ellos, exige la aprobación del Congreso Nacional.</p>
<p>Según la FP, el Ejecutivo ha actuado de manera<strong> “abusiva y discrecional”,</strong> al margen de la legalidad. Martínez subrayó que el<strong> presidente no puede otorgar pensiones “por capricho”</strong> y que lo hecho representa un uso indebido de recursos públicos.</p>
<p>El estudio presentado compara el gasto en estas pensiones con los <strong>presupuestos de instituciones clave</strong>. Por ejemplo, supera los fondos del Ministerio de Trabajo<strong> (RD$3,023 millones)</strong>, de Administración Pública <strong>(RD$2,714 millones)</strong> y es casi cuatro veces mayor que el<strong> presupuesto del Ministerio de la Mujer</strong> <strong>(RD$1,254 millones).</strong></p>
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<p>También rebasa los recursos asignados a órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional (<strong>RD$1,900 millones)</strong>, la <em><strong>Cámara de Cuentas (RD$1,524 millones</strong></em>), y al Defensor del Pueblo, que apenas cuenta con <strong>RD$375 millones.</strong></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img width="1024" height="683" src="https://elnacional.com.do/wp-content/uploads/2025/07/fpse-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-1835474" /></figure>
<p>Martínez explicó que con el dinero asignado a las pensiones especiales se podría cubrir varias veces el presupuesto de programas críticos como el tratamiento del cáncer <strong>(RD$427 millones), </strong>tuberculosis (<strong>RD$235 millones), </strong>o alfabetización primaria (<strong>RD$1,832 millones).</strong></p>
<p>La denuncia también revela que muchas de estas pensiones fueron gestionadas por dirigentes del PRM. Cita el <strong>decreto 425-21</strong>, que otorga beneficios a personas recomendadas por un senador oficialista, y el <strong>273-21, con solicitudes</strong> de un alcalde del PRM, lo que, según FP, evidencia un uso clientelar.</p>
<p>Finalmente, Martínez calificó esta práctica como “un desorden fiscal disfrazado de política social”, que compromete seriamente la sostenibilidad financiera de<strong>l país y refleja “un preocupante orden de prioridades del Gobierno”.</strong></p>
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