Pensiones ilegales superan presupuestos de instituciones clave, alerta Fuerza del Pueblo

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La denuncia fue presentada por Raúl Martínez, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la FP, quien afirmó que esta práctica viola la Ley 379-81, que solo autoriza pensiones especiales en casos específicos y, fuera de ellos, exige la aprobación del Congreso Nacional.

Según la FP, el Ejecutivo ha actuado de manera “abusiva y discrecional”, al margen de la legalidad. Martínez subrayó que el presidente no puede otorgar pensiones “por capricho” y que lo hecho representa un uso indebido de recursos públicos.

El estudio presentado compara el gasto en estas pensiones con los presupuestos de instituciones clave. Por ejemplo, supera los fondos del Ministerio de Trabajo (RD$3,023 millones), de Administración Pública (RD$2,714 millones) y es casi cuatro veces mayor que el presupuesto del Ministerio de la Mujer (RD$1,254 millones).

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También rebasa los recursos asignados a órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional (RD$1,900 millones), la Cámara de Cuentas (RD$1,524 millones), y al Defensor del Pueblo, que apenas cuenta con RD$375 millones.

Martínez explicó que con el dinero asignado a las pensiones especiales se podría cubrir varias veces el presupuesto de programas críticos como el tratamiento del cáncer (RD$427 millones), tuberculosis (RD$235 millones), o alfabetización primaria (RD$1,832 millones).

La denuncia también revela que muchas de estas pensiones fueron gestionadas por dirigentes del PRM. Cita el decreto 425-21, que otorga beneficios a personas recomendadas por un senador oficialista, y el 273-21, con solicitudes de un alcalde del PRM, lo que, según FP, evidencia un uso clientelar.

Finalmente, Martínez calificó esta práctica como “un desorden fiscal disfrazado de política social”, que compromete seriamente la sostenibilidad financiera del país y refleja “un preocupante orden de prioridades del Gobierno”.