República
Presidente Abinader continúa ofensiva contra la corrupción: RD$6,500 millones recuperados y RD$130,000 millones bajo investigación
<h1 class="article-title fs-1 c-blue"><span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Presidente Abinader continúa ofensiva total contra la corrupción: <strong>RD$6,500 millones recuperados y RD 130,000 millones bajo investigación</strong></span></h1>
<p><amp-youtube data-videoid="fRJc_9auKq4" layout="responsive" width="740" height="416" title="LA Semanal - 14 de Julio del 2025."><a placeholder href="https://www.youtube.com/watch?v=fRJc_9auKq4"><img src="https://i.ytimg.com/vi/fRJc_9auKq4/hqdefault.jpg" layout="fill" object-fit="cover" alt="LA Semanal - 14 de Julio del 2025."></img></a></amp-youtube></p>
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<h1 class="article-title fs-1 c-blue"></h1>
<div class="field field--name-field-sub-title field--type-string field--label-hidden field__item">Se siguen reforzando los sistemas anticorrupción y antiimpunidad, con foco en la prevención</div>
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<div class="news-date"><span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden"><time class="datetime" title="Lunes, Julio 14, 2025 - 21:00" datetime="2025-07-14T21:00:24-04:00">14 de Julio 2025 </time></span></div>
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<div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img class="image-style-large" src="https://presidencia.gob.do/sites/default/files/styles/large/public/news/2025-07/1000541601.jpg?itok=8vuPx2qq" alt="Presidente " width="737" height="414" /></div>
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<div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item">
<p class="text-align-justify">Santo Domingo.- <strong>El presidente Luis Abinader</strong> presentó este lunes los <strong>avances alcanzados </strong>para establecer un <strong>régimen de consecuencias </strong>en la República Dominicana y llevar a la justicia a toda persona <em>“con acciones que le comprometan con la corrupción, sin importar quién sea ni el momento que sea”.</em></p>
<p class="text-align-justify">El Gobierno busca sancionar el <strong>incumplimiento de la transparencia</strong> en todos los órganos y entes públicos bajo el Poder Ejecutivo y registra, a la fecha, <strong>287 casos de faltas administrativas</strong> remitidos al MAP y <strong>49 casos de funcionarios públicos actuales llevados al MP</strong>. También se han recuperado <strong>RD 6,500 millones</strong> del patrimonio público y hay más de <strong>RD 130,000 millones en casos en curso.</strong></p>
<p class="text-align-justify"><em>“Podemos decir que somos el primer gobierno que ha establecido un régimen de consecuencias a todos los niveles. Hoy estamos más firmes que nunca en la lucha contra la corrupción, en que no debe haber impunidad, en que se deben respetar los bienes públicos”,</em> destacó el presidente Abinader.</p>
<p><img class="" src="https://presidencia.gob.do/sites/default/files/inline-images/1000541602.jpg" width="736" height="615" data-entity-uuid="4fa06d4b-4e72-4e42-9c27-915e2c924660" data-entity-type="file" /></p>
<p class="text-align-justify"><strong>Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig)</strong></p>
<p class="text-align-justify">A través de esta entidad, el gobierno promueve una <strong>gestión pública transparente, ética</strong> <strong>y</strong> <strong>orientada al bien común</strong>, que reconoce el <strong>derecho a saber</strong> del ciudadano y el <strong>deber de informar</strong> del Gobierno.</p>
<p class="text-align-justify"><strong>230 instituciones fueron evaluadas</strong> entre enero y marzo 2025, de las cuales <strong>211 obtuvieron entre 85-100 puntos</strong>, demostrando un <strong>alto compromiso institucional con la transparencia.</strong></p>
<p class="text-align-justify"><strong>Hito en la transparencia</strong></p>
<p class="text-align-justify">Por primera vez, un gobierno emite un <strong>decreto que sanciona el incumplimiento</strong> de la transparencia <strong>(núm. 166-25</strong>), el cual será aplicado <strong>a partir de septiembre</strong> y que establece la <strong>pérdida de beneficios extraordinarios y sanciones administrativas</strong>.</p>
<p class="text-align-justify">Asimismo, mediante el <strong>Decreto núm. 791-21</strong> las antiguas Comisiones de Ética Pública evolucionaron a <strong>Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento,</strong> que operan desde dentro de las instituciones.</p>
<p class="text-align-justify"><strong>Más de 8,000 servidores públicos</strong> han sido capacitados para prevenir <strong>malas prácticas</strong> en contrataciones públicas, <strong>sobornos y gestión de riesgo de corrupción</strong>. Se han desarrollado <strong>96 matrices de riesgo</strong> para detectar posibles vulnerabilidades a la corrupción y se trabaja para fortalecer el <strong>Sistema Nacional de Integridad Pública</strong> con la asesoría de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico <strong>(OCDE)</strong>.</p>
<p><img class="" src="https://presidencia.gob.do/sites/default/files/inline-images/1000541604.jpg" width="732" height="608" data-entity-uuid="cd85bf22-2459-4e81-85d5-7b6efbdaf389" data-entity-type="file" /></p>
<p class="text-align-justify">La Digeig realizó también el <strong>primer estudio sobre servidores electos</strong>, contactando a 195 instituciones de las cuales 139 respondieron, y de esas, 60 confirmaron tener servidores electos en los comicios municipales.</p>
<p class="text-align-justify"><strong>Faltas administrativas más comunes, denuncias y tiempos de respuesta</strong></p>
<p class="text-align-justify"><strong>Entre 2020 y 2025</strong> se enviaron <strong>287 expedientes</strong> al Ministerio de Administración Pública por abuso de poder, acoso o maltrato laboral, nepotismo y duplicidad de funciones. Se remitieron <strong>49 casos al Ministerio Público</strong> con un tiempo de respuesta promedio de 55 días, agilizando así los 90 días que se establecen en el manual. En estos procesos ha sido clave el <strong>involucramiento ciudadano</strong>, cuyas <strong>denuncias</strong> han dado paso a muchas investigaciones, aunque no todas resultan en sanciones.</p>
<p class="text-align-justify"><strong>Unidad Antifraude</strong></p>
<p class="text-align-justify"><strong>La Unidad Antifraude de la Contraloría General,</strong> fundamentada en la prevención y la investigación, realizó, entre 2021 y 2024, <strong>368 colaboraciones con la Procuraduría General,</strong> 31 acciones de prevención, 20 análisis financieros forenses y 72 análisis de denuncias.</p>
<p class="text-align-justify">Su éxito se debe a la <strong>robusta base de datos</strong> de la institución matriz y a la <strong>sinergia</strong> con demás órganos de control y persecución de la corrupción. Con el <strong>Decreto núm. 382-25</strong> quedó formalizada como mecanismo preventivo técnico, concebido para perdurar en el tiempo.</p>
<p class="text-align-justify"><strong>Procuraduría General de la República</strong></p>
<p class="text-align-justify">En cuanto a persecución de la corrupción, existe mayor independencia y capacidad de actuación, lo que ha permitido a la <strong>DGCP y la Unidad Antifraude</strong> procesar <strong>más de 600 solicitudes</strong> del Ministerio Público. Existe además una coordinación efectiva entre los órganos de control y el Ministerio Público, para que los <strong>informes de auditoría</strong> se traduzcan en <strong>acciones judiciales concretas</strong>.</p>
<p class="text-align-justify">Como resultados tangibles, se han llevado a la justicia, en este y el otro gobierno, los casos <strong>Calamar, Intrant: Pago RD, sobornos para temas de seguridad, agricultura, asfalto, Cestur, Operación 13, Minerd e Inaipi</strong> (estos dos últimos en investigación).</p>
<p><img class="" src="https://presidencia.gob.do/sites/default/files/inline-images/1000541603.jpg" width="729" height="486" data-entity-uuid="bcc60ac9-76f1-4433-a012-6062c32cc1da" data-entity-type="file" /></p>
<p class="text-align-justify"><strong>Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)</strong></p>
<p class="text-align-justify">En el área de prevención, se ha bloqueado la corrupción antes de que ocurra, con un <strong>monitoreo preventivo</strong> que permitió la <strong>supervisión de más de RD 853,000 millones</strong> para prevenir irregularidades antes de que afecten al Estado.</p>
<p class="text-align-justify">Más de <strong>517 procesos de compras sospechosas</strong> se cancelaron o detuvieron, protegiendo más de RD 43,000 millones y se han emitido <strong>112,000 alertas</strong> a instituciones públicas para frenar comportamientos riesgosos.</p>
<p class="text-align-justify">También se implementó el <strong>Programa de Cumplimiento Regulatorio en 30 instituciones claves</strong>, cubriendo el <strong>85 % del presupuesto público</strong>, para mejorar la vigilancia y la rendición de cuentas en las compras del Estado y obligar a la revisión de la <strong>integridad de los proveedores,</strong> con 135 informes para evitar riesgos.</p>
<p class="text-align-justify">Los controles de <strong>tolerancia cero</strong> a la impunidad han facilitado la <strong>suspensión de 567 proveedores</strong> por estar impedidos legalmente de contratar con el Estado, mientras <strong>otros 144 fueron inhabilitados</strong> por fraude documental y violaciones graves a la ley. Se han emitido más de 618 respuestas a entidades de control y entregado 3,900 certificaciones a procesos investigativos . Además, <strong>13 casos han sido llevados ante el Ministerio Público</strong>.</p>
<p class="text-align-justify">La <strong>proactividad</strong> se pone de manifiesto con <strong>16 investigaciones iniciadas sin necesidad de denuncias externas</strong>, suspendiendo 12 procesos y anulando 35, por un valor superior a RD 6,500 millones. Hay un 93 % de respuestas a las solicitudes de reclamaciones con <strong>0 % de silencio administrativo</strong>; un 88 % de éxito en la defensa ante el Tribunal Administrativo y <strong>100 % de éxito ante demandas temerarias de responsabilidad patrimonial.</strong></p>
<p class="text-align-justify">Con un marco legal robusto se promovió la <strong>Ley de Contrataciones Públicas,</strong> con sanciones claras, y se implementó el <strong>Reglamento 416-23</strong> para actualizar y fortalecer el sistema de compras públicas. También se creó el monitoreo preventivo, el código de pautas éticas, sistema de alertas y <strong>Siscompras</strong>.</p>
<p class="text-align-justify">Finalmente, con el <strong>Decreto sobre Gestión de Bienes de Consumo no. 385-25</strong> se institucionaliza un modelo de gestión eficiente y articulado para los <strong>bienes y suministros de uso recurrente e inventariables</strong> en las dependencias del Poder Ejecutivo.</p>
<p class="text-align-justify">El mismo también fortalece la eficiencia y la transparencia en las contrataciones públicas, inteligentes desde el proceso de compra, así como garantiza <strong>la trazabilidad y el monitoreo preventivo </strong>en todo el ciclo de vida de estos bienes, desde la planificación hasta su disposición final.</p>
<p class="text-align-justify"><strong>Dirección General de Presupuesto (DGP)</strong></p>
<p class="text-align-justify">Para garantizar un <strong>uso responsable de los recursos públicos</strong>, se realizó un compromiso con la eficiencia, el ahorro y la transparencia, fortaleciendo el sistema presupuestario tanto como la <strong>contención y racionalización del gasto.</strong></p>
<p class="text-align-justify"><strong>Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP)</strong></p>
<p class="text-align-justify">Este se creó mediante decreto en 2021 con respaldo presidencial e interés nacional para recuperar los <strong>bienes sustraídos al Estado </strong>mediante acciones legales y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Cuenta con una estructura ágil, enfocada en resultados y sin carga presupuestaria directa al Estado, es decir, <strong>sus integrantes cobran solo si recuperan activos.</strong></p>
<p class="text-align-justify">El equipo está formado por <strong>expertos en derecho penal, administrativo, empresarial, civil y de ejecución</strong>. Funciona con autonomía, sigilo y respeto a los procesos judiciales y al rol del Ministerio Público, bajo un marco jurídico claro y resistente a impugnaciones.</p>
<p class="text-align-justify"><strong>Resultados obtenidos</strong></p>
<p><img class="" src="https://presidencia.gob.do/sites/default/files/inline-images/1000541599.jpg" width="736" height="618" data-entity-uuid="944b8d77-078b-43da-affd-b2b7cbd7fce6" data-entity-type="file" /></p>
<p class="text-align-justify">Los logros financieros en este sentido son <strong>más de RD 6,500 millones ya recuperados</strong> (RD 3,500 millones en recuperación directa y RD 3,000 en caso EDES). Mientras, hay más de RD 130,000 millones en casos en curso, implicando una mejora en los indicadores de percepción sobre corrupción, al tiempo de fortalecer la confianza ciudadana y un cambio cultural en la <strong>defensa del patrimonio público</strong>.</p>
<p class="text-align-justify"><strong>Retos enfrentados</strong></p>
<p class="text-align-justify">Entre los retos enfrentados se enumeran: <strong>resistencia de funcionarios</strong>, acceso limitado a <strong>información internacional,</strong> presión de <strong>poderes fácticos</strong> y limitaciones legales al igual que logísticas.</p>
<p class="text-align-justify">Para las labores de supervisión y control se realiza un monitoreo constante, tanto <strong>en lo interno</strong>, con la supervisión por una junta de coordinadores, como <strong>en lo externo</strong> con una vigilancia del MP, tribunales y contrapartes, así como informes trimestrales evaluados por la <strong>Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo</strong>.</p>
<p class="text-align-justify">En cuanto a la <strong>implementación y destino de bienes</strong>, se da una colaboración interinstitucional con el<strong> Ministerio Administrativo, Hacienda y Consultoría Jurídica</strong>, depositados todos los fondos recuperados en la Tesorería Nacional. Además, se transfieren al Estado los bienes muebles e inmuebles a través del Instituto de Bienes Incautados <strong>(Incabide)</strong>.</p>
<p class="text-align-justify"><strong>Liderazgo internacional</strong></p>
<p class="text-align-justify">El país ha tenido un <strong>gran liderazgo internacional</strong> ocupando la presidencia de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales de la OEA, del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Mesicic) y la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública Iberoamericana (RTA).</p>
<p class="text-align-justify">Somos también el<strong> único país</strong> de Latinoamérica <strong>miembro observador</strong> del Comité de Contrataciones Públicas de Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).</p>
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