JCE emite resoluciones sobre financiamiento a partidos y orden en boleta electoral para 2028

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Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) emitió las resoluciones 15-2025 y 16-2025 en cumplimiento de la sentencia TSE/0010/2025 del Tribunal Superior Electoral, con el objetivo de garantizar la equidad en la distribución de los fondos públicos a los partidos políticos y definir su orden en las boletas de cara a las elecciones generales de 2028.

La resolución 15-2025 establece la categorización de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos con derecho a financiamiento estatal, tomando como base los resultados del ciclo electoral completo del año 2024.

Además, determina el orden numérico que cada organización ocupará en las boletas electorales para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales previstas para el 2028.

Con esta disposición, los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD) encabezarán la boleta por haber alcanzado los mayores porcentajes de votos válidos.

También se incluye el reconocimiento de nuevas agrupaciones y la exclusión de aquellas que no alcanzaron el mínimo requerido por la ley para conservar su personería jurídica.

Por otro lado, la resolución 16-2025 modifica la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos para el segundo semestre de 2025.

En total, se asignarán RD$750 millones, correspondiente al 50 % restante del monto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado para ese año.

Según lo dispuesto, el 80 % de esos fondos será distribuido entre los partidos que obtuvieron más del 5 % de los votos válidos; el 12 % entre los que alcanzaron entre 1 % y 5 %; y el 8 % entre aquellos que obtuvieron entre 0.01 % y 1 % de los votos o que, sin alcanzar ese umbral, conservan su personería jurídica o fueron reconocidos tras las elecciones.

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Con estas resoluciones, la Junta Central Electoral reafirma su compromiso con el cumplimiento del marco legal electoral y la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a las organizaciones políticas del país.