Medio Ambiente
FINJUS advierte reforma a Ley de Residuos debilita la institucionalidad y abre puerta a manejos opacos
<p class="ai-optimize-9">EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) alertó este lunes que la propuesta de reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos constituye un serio debilitamiento institucional, al suprimir controles esenciales y concentrar poder en un fideicomiso público sin supervisión efectiva, algo que abre puerta a manejos opacos.</p>
<p class="ai-optimize-10">Según advirtió el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, la reforma representa “una amenaza directa a la competencia, la transparencia y la sostenibilidad” y podría generar condiciones para el establecimiento de monopolios en un sector estratégico como el de la gestión de residuos.</p>
<p class="ai-optimize-12">Uno de los principales cuestionamientos planteados por FINJUS se refiere al diseño del fideicomiso nacional que gestionaría los recursos del sistema. “La figura del fideicomiso se convierte así en una figura opaca, manejada sin contrapesos ni auditorías externas robustas”, advirtió Castaños Guzmán.</p>
<p class="ai-optimize-13">Indica que la reforma en su redacción actual, excluye al Ministerio de Hacienda de la estructura de gobernanza y elimina la representación de actores claves del ámbito ambiental y empresarial. Para FINJUS, esto reduce significativamente “los controles de legalidad, eficiencia y transparencia en el manejo de fondos públicos”.</p>
<h4 class="ai-optimize-14"><strong>Limitación de la competencia y amenaza a las Mipymes</strong></h4>
<p class="ai-optimize-15">Castaños Guzmán también advirtió que las modificaciones propuestas en artículos como el 108, 109 y 116 del proyecto limitan la participación de empresas independientes, principalmente pequeñas y medianas, al condicionar los permisos y acceso a fondos al tener instalaciones previas como rellenos sanitarios o plantas de valorización.</p>
<p class="ai-optimize-16">“Se dispondrán barreras legales que favorecerán estructuras cerradas”, alertó, al señalar que esta arquitectura normativa “genera condiciones propicias para la consolidación de monopolios privados”.</p>
<h4 class="ai-optimize-17"><strong>Incrementos tributarios desproporcionados</strong></h4>
<p class="ai-optimize-18">Otro punto crítico señalado por FINJUS es la modificación del artículo 36, que podría dar lugar a incrementos en las contribuciones de más de un 3,000â¯%, afectando desproporcionadamente a las micro, pequeñas y medianas empresas sin estudios de impacto económico que lo justifiquen.</p>
<p class="ai-optimize-19">Además, el artículo 140 abriría la puerta para que los ayuntamientos impongan tarifas propias “sin límites claros ni regulación homogénea”, lo cual según la entidad, puede generar distorsiones y desigualdades en el tratamiento del tema.</p>
<h4 class="ai-optimize-20"><strong>Desconocimiento del marco legal participativo</strong></h4>
<p class="ai-optimize-21">FINJUS enfatizó que esta reforma desconoce principios consagrados en la normativa ambiental dominicana e internacional, al eliminar la participación plural en la formulación de políticas públicas.</p>
<p class="ai-optimize-21">“La reforma anula espacios de veeduría ciudadana fundamentales para garantizar que las políticas públicas respondan a fines legítimos y al bien común”, apuntó Castaños Guzmán.</p>
<h4 class="ai-optimize-22"><strong>Llamado al diálogo y revisión multisectorial</strong></h4>
<p class="ai-optimize-23">Ante lo mencionado, FINJUS pidió que el proyecto sea sometido a “un proceso abierto de revisión, fundamentado en evidencia técnica y diálogo multisectorial”.</p>
<p class="ai-optimize-23">Castaños Guzmán reconoció que es necesario modernizar el sistema, pero advirtió que debe hacerse “con una visión integradora que cumpla con los principios constitucionales y que involucre a todos los sectores que conforman el país”.</p>
<p class="ai-optimize-24">“La ley debe ser garante de equilibrio, inclusión y sostenibilidad”, consideró el jurista.</p>
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<h4><strong>A continuación, el comunicado íntegro</strong></h4>
<p><strong>Gestión de Residuos en Peligro: Una Reforma que Amenaza la Competencia, la Transparencia y la Sostenibilidad </strong></p>
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<p>La propuesta de reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos compromete no solo los avances ambientales logrados en los últimos años, sino también principios constitucionales esenciales como la libertad de empresa, la transparencia en la gestión pública y la participación plural en la formulación de políticas públicas.</p>
<p>Una de las preocupaciones principales es la inclinación estructural de la propuesta para limitar la representación empresarial y eliminar la participación de empresas independientes vinculadas al sistema de reciclaje, compostaje y valorización de residuos. Varios artículos contenidos en la propuesta (como las modificaciones a los artículos 108, 109 y 116) vinculan permisos de operación y acceso al fideicomiso público a la existencia previa de rellenos sanitarios o plantas de valorización, lo que en la práctica bloquea la entrada de nuevos actores al mercado, especialmente pequeñas y medianas empresas y gestores locales.</p>
<p>Lo que ha sido promovido como una modernización del sistema, en los hechos podría configurar el reforzamiento de estructuras monopólicas, imponer cargas económicas desproporcionadas y debilitar la institucionalidad ambiental. Esta arquitectura normativa generaría condiciones propicias para la consolidación de monopolios privados en la gestión de residuos, un sector que, por su relevancia ambiental y económica, debe ser accesible, competitivo y regulado con visión de interés general.</p>
<p>Desde la FINJUS advertimos que, en este escenario, la consecuencia institucional podría ser grave; el poder de decisión se concentraría en un número reducido de actores, impactando directamente en la calidad del servicio, el costo para los usuarios y el ejercicio efectivo del derecho a un medioambiente sano. Lejos de fomentar un ecosistema plural de innovación y mejora de los procesos, se dispondrán barreras legales que favorecerán estructuras cerradas.</p>
<p>Con ello, la modificación del artículo 36 prevé contribuciones que podrían incrementarse en más de un 3,000â¯%, afectando desproporcionadamente a las micro, pequeñas y medianas empresas sin una evaluación técnica previa de su impacto económico. Contrario a como exige el principio de legalidad tributaria y la política pública equitativa, la introducción de estas nuevas tasas y contribuciones económicas no responden a criterios de proporcionalidad ni de razonabilidad. Además, el artículo 140 abre la puerta para que los municipios impongan tarifas propias sin límites claros ni regulación homogénea, lo que puede generar asimetrías y distorsiones políticas en un ámbito que exige certeza jurídica y neutralidad técnica.</p>
<p>La propuesta de reforma constituye un <strong>debilitamiento institucional.</strong> La exclusión del Ministerio de Hacienda del fideicomiso nacional y la eliminación de representantes clave del sector ambiental y empresarial reducen los controles de legalidad, eficiencia y transparencia en el manejo de fondos públicos.</p>
<p><strong>La figura del fideicomiso se convierte, así, en una figura opaca, manejada sin contrapesos</strong> ni auditorías externas robustas. La reforma desconoce el principio de gestión participativa, consagrado en el marco normativo ambiental dominicano e internacional, y anula espacios de veeduría ciudadana fundamentales para garantizar que las políticas públicas respondan a fines legítimos y al bien común.</p>
<p>La reforma a la Ley 225-20 plantea interrogantes institucionales que deben ser analizadas con precisión, pues consolida un marco legal que excluirá a diversos actores del sector de residuos sólidos y comprometería la equidad y la libre competencia en un área estratégica para el desarrollo sostenible.</p>
<p>Finalmente, la respuesta debe situarse en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, donde la ley debe ser garante de equilibrio, inclusión y sostenibilidad. La propuesta de reforma, tal como ha sido presentada, contradice los principios de razonabilidad, proporcionalidad y libre competencia. Requiere, por tanto, un proceso abierto de revisión, fundamentado en evidencia técnica y diálogo multisectorial.</p>
<p>De manera oportuna, FINJUS subraya que la propuesta de Ley sea sometida a un estudio que analice su viabilidad económica y su sostenibilidad ambiental. Si bien resulta inevitable la necesidad de otorgar condiciones que generen cambios significativos en el coprocesamiento de los residuos, el mismo debe acompañarse de un ánimo de integración que cumpla con los principios constitucionales y que involucre a todos los sectores que conforman el país.</p>
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<p><strong>Servio Tulio Castaños Guzmán </strong></p>
<p><em>Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.</em></p>
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<p>​EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) alertó este lunes que la propuesta de reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos constituye un serio debilitamiento institucional, al suprimir controles esenciales y concentrar poder en un fideicomiso público sin supervisión efectiva, algo que abre puerta<br />
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