Medio Ambiente

FINJUS advierte reforma a Ley de Residuos debilita la institucionalidad y abre puerta a manejos opacos

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<p class&equals;"ai-optimize-9">EL NUEVO DIARIO&comma; SANTO DOMINGO&period; – La Fundación Institucionalidad y Justicia &lpar;FINJUS&rpar; alertó este lunes que la propuesta de reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos constituye un serio debilitamiento institucional&comma; al suprimir controles esenciales y concentrar poder en un fideicomiso público sin supervisión efectiva&comma; algo que abre puerta a manejos opacos&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"ai-optimize-10">Según advirtió el vicepresidente ejecutivo de FINJUS&comma; Servio Tulio Castaños Guzmán&comma; la reforma representa &OpenCurlyDoubleQuote;una amenaza directa a la competencia&comma; la transparencia y la sostenibilidad” y podría generar condiciones para el establecimiento de monopolios en un sector estratégico como el de la gestión de residuos&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"ai-optimize-12">Uno de los principales cuestionamientos planteados por FINJUS se refiere al diseño del fideicomiso nacional que gestionaría los recursos del sistema&period; &OpenCurlyDoubleQuote;La figura del fideicomiso se convierte así en una figura opaca&comma; manejada sin contrapesos ni auditorías externas robustas”&comma; advirtió Castaños Guzmán&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"ai-optimize-13">Indica que la reforma en su redacción actual&comma; excluye al Ministerio de Hacienda de la estructura de gobernanza y elimina la representación de actores claves del ámbito ambiental y empresarial&period; Para FINJUS&comma; esto reduce significativamente &OpenCurlyDoubleQuote;los controles de legalidad&comma; eficiencia y transparencia en el manejo de fondos públicos”&period;<&sol;p>&NewLine;<h4 class&equals;"ai-optimize-14"><strong>Limitación de la competencia y amenaza a las Mipymes<&sol;strong><&sol;h4>&NewLine;<p class&equals;"ai-optimize-15">Castaños Guzmán también advirtió que las modificaciones propuestas en artículos como el 108&comma; 109 y 116 del proyecto limitan la participación de empresas independientes&comma; principalmente pequeñas y medianas&comma; al condicionar los permisos y acceso a fondos al tener instalaciones previas como rellenos sanitarios o plantas de valorización&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"ai-optimize-16">&OpenCurlyDoubleQuote;Se dispondrán barreras legales que favorecerán estructuras cerradas”&comma; alertó&comma; al señalar que esta arquitectura normativa &OpenCurlyDoubleQuote;genera condiciones propicias para la consolidación de monopolios privados”&period;<&sol;p>&NewLine;<h4 class&equals;"ai-optimize-17"><strong>Incrementos tributarios desproporcionados<&sol;strong><&sol;h4>&NewLine;<p class&equals;"ai-optimize-18">Otro punto crítico señalado por FINJUS es la modificación del artículo 36&comma; que podría dar lugar a incrementos en las contribuciones de más de un 3&comma;000 &percnt;&comma; afectando desproporcionadamente a las micro&comma; pequeñas y medianas empresas sin estudios de impacto económico que lo justifiquen&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"ai-optimize-19">Además&comma; el artículo 140 abriría la puerta para que los ayuntamientos impongan tarifas propias &OpenCurlyDoubleQuote;sin límites claros ni regulación homogénea”&comma; lo cual según la entidad&comma; puede generar distorsiones y desigualdades en el tratamiento del tema&period;<&sol;p>&NewLine;<h4 class&equals;"ai-optimize-20"><strong>Desconocimiento del marco legal participativo<&sol;strong><&sol;h4>&NewLine;<p class&equals;"ai-optimize-21">FINJUS enfatizó que esta reforma desconoce principios consagrados en la normativa ambiental dominicana e internacional&comma; al eliminar la participación plural en la formulación de políticas públicas&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"ai-optimize-21">&OpenCurlyDoubleQuote;La reforma anula espacios de veeduría ciudadana fundamentales para garantizar que las políticas públicas respondan a fines legítimos y al bien común”&comma; apuntó Castaños Guzmán&period;<&sol;p>&NewLine;<h4 class&equals;"ai-optimize-22"><strong>Llamado al diálogo y revisión multisectorial<&sol;strong><&sol;h4>&NewLine;<p class&equals;"ai-optimize-23">Ante lo mencionado&comma; FINJUS pidió que el proyecto sea sometido a &OpenCurlyDoubleQuote;un proceso abierto de revisión&comma; fundamentado en evidencia técnica y diálogo multisectorial”&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"ai-optimize-23">Castaños Guzmán reconoció que es necesario modernizar el sistema&comma; pero advirtió que debe hacerse &OpenCurlyDoubleQuote;con una visión integradora que cumpla con los principios constitucionales y que involucre a todos los sectores que conforman el país”&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"ai-optimize-24">&OpenCurlyDoubleQuote;La ley debe ser garante de equilibrio&comma; inclusión y sostenibilidad”&comma; consideró el jurista&period;<&sol;p>&NewLine;<p> <&sol;p>&NewLine;<h4><strong>A continuación&comma; el comunicado íntegro<&sol;strong><&sol;h4>&NewLine;<p><strong>Gestión de Residuos en Peligro&colon; Una Reforma que Amenaza la Competencia&comma; la Transparencia y la Sostenibilidad <&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong> <&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>La propuesta de reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos compromete no solo los avances ambientales logrados en los últimos años&comma; sino también principios constitucionales esenciales como la libertad de empresa&comma; la transparencia en la gestión pública y la participación plural en la formulación de políticas públicas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Una de las preocupaciones principales es la inclinación estructural de la propuesta para limitar la representación empresarial y eliminar la participación de empresas independientes vinculadas al sistema de reciclaje&comma; compostaje y valorización de residuos&period; Varios artículos contenidos en la propuesta &lpar;como las modificaciones a los artículos 108&comma; 109 y 116&rpar; vinculan permisos de operación y acceso al fideicomiso público a la existencia previa de rellenos sanitarios o plantas de valorización&comma; lo que en la práctica bloquea la entrada de nuevos actores al mercado&comma; especialmente pequeñas y medianas empresas y gestores locales&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lo que ha sido promovido como una modernización del sistema&comma; en los hechos podría configurar el reforzamiento de estructuras monopólicas&comma; imponer cargas económicas desproporcionadas y debilitar la institucionalidad ambiental&period; Esta arquitectura normativa generaría condiciones propicias para la consolidación de monopolios privados en la gestión de residuos&comma; un sector que&comma; por su relevancia ambiental y económica&comma; debe ser accesible&comma; competitivo y regulado con visión de interés general&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Desde la FINJUS advertimos que&comma; en este escenario&comma; la consecuencia institucional podría ser grave&semi; el poder de decisión se concentraría en un número reducido de actores&comma; impactando directamente en la calidad del servicio&comma; el costo para los usuarios y el ejercicio efectivo del derecho a un medioambiente sano&period; Lejos de fomentar un ecosistema plural de innovación y mejora de los procesos&comma; se dispondrán barreras legales que favorecerán estructuras cerradas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Con ello&comma; la modificación del artículo 36 prevé contribuciones que podrían incrementarse en más de un 3&comma;000 &percnt;&comma; afectando desproporcionadamente a las micro&comma; pequeñas y medianas empresas sin una evaluación técnica previa de su impacto económico&period; Contrario a como exige el principio de legalidad tributaria y la política pública equitativa&comma; la introducción de estas nuevas tasas y contribuciones económicas no responden a criterios de proporcionalidad ni de razonabilidad&period; Además&comma; el artículo 140 abre la puerta para que los municipios impongan tarifas propias sin límites claros ni regulación homogénea&comma; lo que puede generar asimetrías y distorsiones políticas en un ámbito que exige certeza jurídica y neutralidad técnica&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La propuesta de reforma constituye un <strong>debilitamiento institucional&period;<&sol;strong> La exclusión del Ministerio de Hacienda del fideicomiso nacional y la eliminación de representantes clave del sector ambiental y empresarial reducen los controles de legalidad&comma; eficiencia y transparencia en el manejo de fondos públicos&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>La figura del fideicomiso se convierte&comma; así&comma; en una figura opaca&comma; manejada sin contrapesos<&sol;strong> ni auditorías externas robustas&period; La reforma desconoce el principio de gestión participativa&comma; consagrado en el marco normativo ambiental dominicano e internacional&comma; y anula espacios de veeduría ciudadana fundamentales para garantizar que las políticas públicas respondan a fines legítimos y al bien común&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La reforma a la Ley 225-20 plantea interrogantes institucionales que deben ser analizadas con precisión&comma; pues consolida un marco legal que excluirá a diversos actores del sector de residuos sólidos y comprometería la equidad y la libre competencia en un área estratégica para el desarrollo sostenible&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Finalmente&comma; la respuesta debe situarse en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho&comma; donde la ley debe ser garante de equilibrio&comma; inclusión y sostenibilidad&period; La propuesta de reforma&comma; tal como ha sido presentada&comma; contradice los principios de razonabilidad&comma; proporcionalidad y libre competencia&period; Requiere&comma; por tanto&comma; un proceso abierto de revisión&comma; fundamentado en evidencia técnica y diálogo multisectorial&period;<&sol;p>&NewLine;<p>De manera oportuna&comma; FINJUS subraya que la propuesta de Ley sea sometida a un estudio que analice su viabilidad económica y su sostenibilidad ambiental&period; Si bien resulta inevitable la necesidad de otorgar condiciones que generen cambios significativos en el coprocesamiento de los residuos&comma; el mismo debe acompañarse de un ánimo de integración que cumpla con los principios constitucionales y que involucre a todos los sectores que conforman el país&period;<&sol;p>&NewLine;<p> <&sol;p>&NewLine;<p><strong>Servio Tulio Castaños Guzmán <&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><em>Vicepresidente Ejecutivo FINJUS&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p><strong> <&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p> <&sol;p>&NewLine;<p>La entrada <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;elnuevodiario&period;com&period;do&sol;finjus-advierte-reforma-a-ley-de-residuos-debilita-la-institucionalidad-y-abre-puerta-a-manejos-opacos&sol;">FINJUS advierte reforma a Ley de Residuos debilita la institucionalidad y abre puerta a manejos opacos<&sol;a> se publicó primero en <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;elnuevodiario&period;com&period;do&sol;">El Nuevo Diario &lpar;República Dominicana&rpar;<&sol;a>&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace;EL NUEVO DIARIO&comma; SANTO DOMINGO&period; – La Fundación Institucionalidad y Justicia &lpar;FINJUS&rpar; alertó este lunes que la propuesta de reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos constituye un serio debilitamiento institucional&comma; al suprimir controles esenciales y concentrar poder en un fideicomiso público sin supervisión efectiva&comma; algo que abre puerta<br &sol;>&NewLine;La entrada FINJUS advierte reforma a Ley de Residuos debilita la institucionalidad y abre puerta a manejos opacos se publicó primero en El Nuevo Diario &lpar;República Dominicana&rpar;&period; Medio Ambiente&comma; Portada <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace; <&sol;p>&NewLine;

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