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Gobierno argentino denuncia a organizadores de marcha por los jubilados tras represión policial

El Gobierno de Argentina presentó una denuncia penal contra los organizadores de la marcha por los jubilados, que el pasado miércoles terminó en una violenta represión policial, con más de 100 detenidos y casi 50 heridos.
Según fuentes oficiales, la denuncia fue ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y señala a dos alcaldes peronistas, un exlíder de la guerrilla de los Montoneros y supuestos grupos organizados de hinchas de fútbol. Se les acusa de haber “promovido disturbios con fines desestabilizadores”, lo que podría acarrear penas de hasta 20 años de prisión por cargos de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada.
La movilización, que se realizó en el centro de Buenos Aires, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos en apoyo a los jubilados, quienes exigen desde hace semanas un aumento en sus pensiones ante la creciente crisis económica.
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La policía y fuerzas de seguridad dispersaron la protesta con golpes y gases lacrimógenos, dejando un saldo de 46 heridos, uno de ellos grave, y 124 detenidos. Sin embargo, el Gobierno sostiene que los incidentes fueron parte de una acción premeditada.
En la denuncia se menciona que algunos manifestantes habrían cobrado hasta 50.000 pesos (unos 46 dólares) para asistir a la protesta y que estos supuestamente atacaron a la policía, incendiaron vehículos y dañaron bienes públicos.
El Gobierno apunta como principal organizador de la protesta a Leandro Capriotti, vinculado al club Chacarita Juniors y cercano al dirigente sindical Luis Barrionuevo. También menciona a Mario Firmenich, exjefe de los Montoneros, quien desde España llamó a movilizarse.
Asimismo, señala a los alcaldes peronistas de La Matanza y Lomas de Zamora, Fernando Espinoza y Federico Otermín, acusándolos de haber facilitado la llegada de manifestantes al Congreso.
La denuncia también cuestiona la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos. El Ministerio de Seguridad evalúa denunciarla por prevaricato y violación de deberes de funcionario público.
Bullrich defendió la actuación policial y justificó el uso de la fuerza, asegurando que los manifestantes tenían “armas blancas y de fuego” y que el operativo fue necesario para “dispersar a los violentos desde el primer momento”.
“Los que generan violencia van a tener como respuesta la represión del Estado”, advirtió la ministra.
Por su parte, el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, presentó una denuncia contra Bullrich y el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Horacio Giménez, acusándolos de privación de libertad, apremios ilegales y abuso de autoridad.
Mientras tanto, el presidente Javier Milei respaldó a su ministra con declaraciones polémicas:
“El que las hace, las paga. Los buenos son los de azul y los hijos de puta, que andan con trapos en la cara, rompen y queman autos, esos son los malos”, expresó el mandatario.
EFE
Por: Itzel Olivo
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