Economia
Propuesta del defensor del Pueblo para fondo de cesantía proyecta ingresos anuales de RD$6,428 MM
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sometió ante el Congreso Nacional una propuesta que busca crear un fondo para la cesantía laboral, con el objetivo de garantizar la protección de los trabajadores despedidos.
Según el planteamiento, este mecanismo contaría con una proyección de ingresos anuales de RD$6,428 millones, lo que permitiría cubrir de manera sostenible las indemnizaciones sin afectar a los empleadores, mientras que los egresos proyectados por cesantía serían de RD$4,036 millones.
De acuerdo al defensor, esto generaría un superávit anual de RD$2,392 millones, permitiendo la creación de un fondo de contingencia para enfrentar crisis económicas o aumentos en el desempleo.
Impacto en el empleo y la economía
Ulloa, en la propuesta, destacó que esta iniciativa responde a la necesidad de reformar el sistema actual de prestaciones laborales, asegurando un respaldo financiero estable para los empleados y reduciendo la carga económica de las empresas. Además, subrayó que la implementación del fondo contribuiría a fortalecer los derechos laborales en el país y a promover un mercado de trabajo más equitativo.
La propuesta será evaluada en el Congreso, donde se espera que genere un amplio debate entre los sectores involucrados.
Según explica Ulloa en la propuesta, actualmente, el esquema de cesantía en el país enfrenta tres grandes desafíos:
- Exclusión del sector informal: Más del 50% de los trabajadores no tienen acceso a este beneficio.
- Judicialización del proceso: Las demandas por cesantía generan altos costos y largos tiempos de espera tanto para empleados como para empleadores.
- Desincentivo a la formalización: Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) enfrentan grandes dificultades para asumir estos costos, lo que promueve el empleo informal.
En ese sentido, indicó que el FGAC busca eliminar estos obstáculos con un sistema de financiamiento estructurado que garantice liquidez y estabilidad.
¿Cómo funcionaría el FGAC?
El fondo se alimentaría de tres fuentes principales:
- Un capital inicial proveniente de los excedentes del IDOPRIL.
- Contribuciones recurrentes de los empleadores, equivalentes al 2% del salario mensual de cada trabajador formal.
- Redistribución de recursos del IDOPRIL, destinando hasta un 30% de la tasa actual de riesgos laborales al FGAC.
El esquema permitiría que cada trabajador que quede cesante reciba un auxilio equivalente a 43.5 días de salario por cada año trabajado, con un tope de cinco meses de beneficios. Además, incluiría programas de capacitación y reinserción laboral gestionados por el Ministerio de Trabajo.
El defensor del Pueblo enfatiza que este modelo sigue experiencias exitosas en otros países y representa una solución moderna, eficiente y alineada con las mejores prácticas internacionales. Ahora, la decisión está en manos del Congreso Nacional, que deberá debatir y definir el futuro de esta propuesta que podría transformar el panorama laboral dominicano.
En los últimos años, la cesantía ha sido un tema de amplio debate en el país, debido a las preocupaciones tanto de empleadores como de trabajadores sobre la sostenibilidad del actual sistema de indemnización. Mientras empresarios argumentan que el pago de la cesantía representa una carga económica significativa, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores temen perder un derecho adquirido que les brinda estabilidad ante la terminación de sus contratos. Esta situación ha generado constantes discusiones sobre la necesidad de una reforma al Código de Trabajo que garantice un equilibrio entre ambas partes.
Actualmente, el proyecto de reforma al Código Laboral está siendo analizado por una comisión en el Congreso Nacional, con la intención de modernizar las normativas laborales y adaptar el marco legal a las nuevas dinámicas del mercado de trabajo.
La propuesta del defensor del Pueblo se suma a este debate como una alternativa que podría aliviar las preocupaciones de los trabajadores sin comprometer la viabilidad económica de las empresas. Sin embargo, su aprobación dependerá del consenso entre legisladores, sector empresarial y sindicatos, quienes han manifestado sus posiciones sobre los cambios que debería incluir la reforma.
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