La zona gris en el flanco oriental de la OTAN que obliga a los europeos a vivir en constante alerta ante la amenaza rusa

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Un dron ruso se estrelló en la madrugada del viernes contra el tejado de un edificio residencial en Galati, Rumanía, causando varios heridos y provocando la protesta formal del país, miembro de la OTAN. Según informó el Ministerio de Defensa rumano, se trataba de un Shahed utilizado por Rusia en sus ataques contra Ucrania.

El aparato impactó en el décimo piso del bloque de viviendas y su carga explosiva detonó por completo. El incendio posterior obligó a evacuar a unas 70 personas. Dos heridos, una mujer y un menor, fueron trasladados al hospital con lesiones leves. El Ministerio de Exteriores rumano calificó el incidente de "escalada grave e irresponsable por parte de Rusia". Rumanía comparte con Ucrania una frontera de 650 kilómetros y desde el inicio de los ataques rusos contra los puertos ucranianos del Danubio ha vivido repetidas entradas de drones o restos de drones en su territorio.

La OTAN condenó la "imprudencia" de Rusia. "Esta madrugada, un edificio de apartamentos en Rumanía fue alcanzado por un dron durante un ataque ruso contra infraestructuras ucranianas cerca de la frontera", indicó la portavoz aliada, Allison Hart. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, proclamó que la OTAN defenderá "cada pulgada" de su territorio. El suceso poner de nuevo sobre la mesa el nuevo problema del flanco oriental: los drones rusos se lanzan contra Ucrania, pero sus efectos ya no se detienen necesariamente en la frontera ucraniana.

Antes del impacto, Rumanía había emitido una alerta de emergencia tras detectar drones cerca de su espacio aéreo. Dos cazas F-16 despegaron a la 01.19 hora local de la base militar de Fetesti. El Ministerio de Defensa precisó que los pilotos tenían autorización para atacar objetivos durante todo el periodo de alerta. Un helicóptero de la Fuerza Aérea apoyó las operaciones y un equipo de investigadores especializados en explosiones se desplazó al lugar de los hechos. El dron fue seguido por radar antes de golpear el edificio.

La ministra de Exteriores, Oana Toiu, pidió más material de defensa antidrones tras denunciar lo sucedido como una "grave e irresponsable escalada". Acusó a Moscú de ser "directamente responsable" y anunció medidas diplomáticas por lo que definió como una violación grave del derecho internacional y del espacio aéreo rumano. Bucarest informó a sus socios comunitarios, a la OTAN y al secretario general de la Alianza. Como primera respuesta, Rumanía cerrará el consulado ruso en Constanza y expulsará al cónsul. Moscú negó las acusaciones y prometió una respuesta rápida.

El incidente de Galati marca un salto cualitativo. Hasta ahora, Rumanía había denunciado en numerosas ocasiones la caída de fragmentos de drones o la entrada de aparatos rusos en zonas próximas al Danubio, especialmente durante los ataques contra Izmail, Reni y otras infraestructuras portuarias ucranianas. Pero esta vez el dron no cayó en un descampado ni en una zona agrícola, sino sobre un edificio residencial. La guerra de Ucrania no entró en Rumanía con una columna de blindados, sino con un aparato barato, difícil de interceptar y cargado de explosivos.

Lo sucedido delata también la naturaleza híbrida de la amenaza. Rusia no necesita lanzar un ataque deliberado y masivo contra territorio de la OTAN para poner a prueba a la Alianza. Le basta con multiplicar ataques cerca de sus fronteras, aceptar el riesgo de que drones crucen el espacio aéreo aliado y observar la respuesta. Cada incursión mide eficacia de radares, tiempos de reacción, reglas de enfrentamiento, coordinación política y tolerancia pública al peligro. También obliga a los gobiernos del flanco oriental a explicar a sus ciudadanos por qué una guerra que oficialmente no se libra en su territorio provoca ya ruido de sirenas, evacuaciones, cazas en el aire y daños civiles.

El dilema militar es además económicamente perverso. Un Shahed es mucho más barato que los sistemas capaces de derribarlo. Rusia fuerza a sus vecinos a responder con medios caros —cazas, radares, misiles, helicópteros, baterías antiaéreas— frente a aparatos relativamente simples. Si no los derriban, aparece la imagen de vulnerabilidad. Si los derriban con misiles caros, Moscú impone una economía de desgaste. Si el derribo falla o los restos caen sobre una zona poblada, el coste político puede ser enorme. Y si la OTAN responde con más contundencia, Rusia podrá denunciar una escalada que ella misma ha provocado.

El caso rumano muestra además que detectar no siempre equivale a neutralizar. Los F-16 despegaron, los pilotos estaban autorizados a disparar y el aparato fue seguido durante la alerta. Pero un dron que vuela bajo, durante pocos minutos y cerca de zonas habitadas plantea una decisión extremadamente difícil: abatirlo puede evitar una tragedia, pero también puede provocarla si la carga explosiva, los restos del dron o el interceptor caen sobre viviendas.

Europa debate qué bazas usar. La discusión sobre drones en la conferencia Lennart Meri de Tallin a mediados de este mes apuntaba precisamente a ese cambio de época militar. La amenaza no reside sólo en el explosivo que transporta un aparato, sino en la transformación completa del campo de batalla: con sensores baratos es posible obtener imágenes en tiempo real, pero los ciclos de innovación son ya de meses y la de Ucrania es ya una guerra en la que la baja precisión puede compensarse con cantidad.

Polonia conoce bien esa normalidad anómala. Cada vez que Rusia ataca el oeste de Ucrania, Varsovia activa aviones, defensas y restricciones temporales de tráfico aéreo, sobre todo en la franja este. En el este del país, la población se ha ido familiarizando con alertas, refugios y presencia antiaérea. No es una zona de guerra, pero tampoco una paz normal. Es una franja de presión permanente, una zona gris aérea en la que los procedimientos militares se vuelven rutina civil.

Los países bálticos viven esa misma presión con un añadido político: la retórica rusa. Moscú ha endurecido sus advertencias contra Estonia, Letonia y Lituania. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso acusó recientemente a Ucrania de preparar ataques con drones desde territorio letón, una acusación negada por Riga. La amenaza implícita es clara pero conocida: presentar a un país de la OTAN no como víctima de incidentes aéreos, sino como plataforma de agresión contra Rusia.

La zona gris que se está formando en el flanco oriental de la OTAN está en el aire. No es la zona gris clásica de Crimea en 2014, con soldados sin insignias y control territorial encubierto. Es una zona gris aérea, tecnológica y psicológica. Drones rusos que cruzan o caen en territorio aliado y drones ucranianos que pueden ser desviados por la guerra electrónica rusa. Alarmas en aeropuertos, trenes suspendidos, edificios evacuados y gobiernos que protestan pero no pueden hacer gran cosa.

La OTAN ha empezado a adaptarse. Ha reforzado la vigilancia y la defensa aérea del flanco oriental, ha desplegado más medios aliados y ha impulsado ejercicios específicos contra drones. Pero el problema no se resuelve sólo con hacer volar los cazas. Contra enjambres baratos hacen falta sensores distribuidos, radares de baja cota, guerra electrónica, cañones, interceptores de bajo coste, drones cazadores y redes de alerta rápidas.

Rusia está probando una forma barata de intimidación. No invade territorio aliado, pero obliga a Rumanía, Polonia y los bálticos a vivir bajo un cielo que ya no parece del todo en paz. El dron que golpeó Galati es un aperitivo del tipo de guerra que se está cociendo en Europa: barata para quien la provoca, cara para quien la defiende y peligrosa para los civiles que viven en medio.

Vladimir Putin rechazó en la tarde del viernes asumir que el dron que impactó contra un edificio residencial en Galai fuera ruso y sugirió que podría tratarse de un aparato ucraniano. "¿Quién en Rumanía dice que es un dron ruso?", preguntó el presidente ruso desde Astaná, asegurando que "nadie puede determinar el origen de un dron hasta que se realice una investigación".

Putin recordó además incidentes anteriores en Finlandia, Polonia o los países bálticos que inicialmente fueron atribuidos a Rusia y después, según su versión, resultaron no estar relacionados con drones rusos.

También respondió a las críticas de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, afirmando que ella "no ha examinado personalmente los restos", y propuso que Bucarest comparta información y fragmentos del aparato para que Moscú pueda realizar su propia investigación.