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Piden coerción para alcalde de Bayahíbe y su hijo por decomiso de 9.8 toneladas de cocaína
Santo Domingo.- Enriquillo Luis Brito, alcalde (director de la Junta Distrital) el distrito municipal de Bayahíbe, y su hijo, Enrique José Luis Brito, se encuentran entre los siete detenidos vinculados al decomiso de 9.8 toneladas de cocaína el pasado mes de diciembre y el Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva de 18 meses para los imputados.
Además, tanto el alcalde como a su hijo están acusados de violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, que regula el control de armas, y el artículo 3 de la Ley 155-17 sobre lavado de activos. También se les señala como parte de una red criminal que operaba en el país
Los otros arrestados son José Nicolás Castillo Hart («Nikito»), Winston Armando Tejera Rodríguez («Barbikin»), Cristian Rayner Canela Aybar, Nelson Neftalí Mercedes Lugo y Dulvi Jesús De los Santos.
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Estos individuos están involucrados en el narcotráfico y lavado de activos, según la acusación presentada por el Ministerio Público, y fueron arrestados en el marco de una operación conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
En la operación, conocida como Panthera 7, participaron 89 fiscales y 564 agentes de fuerzas especiales, quienes llevaron a cabo varios allanamientos.
Durante estos operativos, se incautaron más de 22 millones de pesos y dólares, además de vehículos, motocicletas, armas y otros bienes relacionados con el crimen organizado
La investigación del Ministerio Público revela que los 9,587 paquetes de cocaína, con un peso total de 9,889 kilos, fueron transportados desde Colombia a través de la vía marítima, utilizando rutas en Bayahibe, La Romana y Pedernales antes de diciembre de 2024.
Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita y tráfico de drogas, entre otros delitos
Actualidad, Judicial, Alcalde de Bayahíbe, COCAÍNA, Enrique José Luis Brito, Enriquillo Luis Brito Además, tanto el alcalde como a su hijo están acusados de violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, que regula el control de armas, y el artículo 3 de la Ley 155-17 sobre lavado de activos. También se les señala como parte de una red criminal que operaba en el país