Las penas de muerte en el mundo marcaron en 2025 el récord de los últimos 44 años por la represión iraní: "Hubo al menos 2.707 personas ejecutadas"

China es el país que más penas capitales aplica, según Amnistía Internacional, aunque los datos reales se desconocen Leer China es el país que más penas capitales aplica, según Amnistía Internacional, aunque los datos reales se desconocen Leer   

En el contexto de un escenario marcado por las guerras a nivel global, 2025 registró la mayor cantidad de personas ejecutadas en los últimos 44 años, con naciones de Asia y Oriente Próximo como las principales perpetradoras de una práctica punitiva que se incrementó un 78% respecto al año anterior, según el informe de la organización Amnistía Internacional difundido este lunes.

Cabe destacar que de un total de 2.707 personas ejecutadas -frente a las 1.518 documentadas en 2024-, 2.159 fueron ejecuciones por parte del régimen iraní, explica Beatriz Martos, responsable de campañas contra la pena de muerte de Amnistía Internacional España.

El número de ejecutados sería muy superior, en realidad, puesto que la organización sitúa a Irán en el segundo puesto global después de China, cuyas cifras reales se desconocen por estar consideradas secreto de Estado. Les siguen Arabia Saudí, con 356 ejecuciones, y Yemen, con 51.

A lo largo de 2025, el régimen iraní aceleró esta medida letal, incluso antes de la escalada bélica en la región. "Desde enero hasta antes de la guerra con Israel, ejecutó a 654 personas y después de la guerra de los 12 días, a más de 1.505. Estamos hablando de más del doble y no tuvieron ningún tipo de juicio justo; muchas fueron condenadas por cooperar con gobiernos hostiles o por supuesto espionaje", argumenta Martos.

Las condenas a muerte aumentaron con el fin de controlar a la población a través del miedo y el castigo. "Irán utiliza la pena de muerte como un instrumento de represión de la disidencia y para acallar cualquier tipo de voz que critique el régimen", explica la portavoz, añadiendo que muchas de las muertes fueron ahorcamientos.

Además del caso iraní, en varios países se registraron incrementos: Egipto (pasó de 13 a 23), EEUU (de 25 a 47) y Singapur (de 9 a 17). La cifra de Kuwait casi se triplicó (de seis a 17). Por el contrario, se registraron disminuciones en Somalia (de 34 a 17) y en Irak, donde, aunque Amnistía Internacional no pudo confirmar un número exacto para 2025, supo que el año anterior habían ocurrido al menos 63 ejecuciones. En conjunto, los ajusticiamientos confirmados en Irán y Arabia Saudí representaron el 93% del total mundial.

A pesar del repunte, los Estados que ejecutan son una minoría. Sí resultan inquietante que Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwan han reanudado las ejecuciones, elevando a 17 la cantidad de países en esta lista.

Casi la mitad de las ejecuciones, un 46%, respondieron a delitos vinculados a los estupefacientes. Esto supone una violación al derecho internacional, el cual exige reservar la pena de muerte para "los delitos más graves", como el homicidio intencional. "Estamos hablando principalmente de microtráfico que afecta principalmente a población extranjera, inmigrante, que muchas veces la única forma de ganarse la vida es esto […] no de los grandes poderosos y señores de la droga", precisó Martos.

Bajo la narrativa de la "guerra contra las drogas", naciones como Arabia Saudí, China, Irán, Kuwait y Singapur encabezaron la aplicación de la pena de muerte por este tipo de faltas. Paralelamente, Argelia, Kuwait y Maldivas impulsaron legislaciones para ampliar su aplicación hacia crímenes de narcotráfico, según el informe.

De acuerdo con el Derecho internacional, es ilícito ejecutar a una persona por delitos como el tráfico de sustancias, soborno, abuso de poder o corrupción. La portavoz considera, además, que prácticas empleadas en territorios como Afganistán —donde delitos como el robo son castigados mediante ejecuciones públicas— resultan profundamente humillantes tanto para el reo como para sus familiares.

En el continente asiático, China, Vietnam y Corea del Norte también sentencian a muerte por múltiples infracciones, incluidas las drogas. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos enfrentan barreras para fiscalizar. "De China no tenemos las cifras exactas, calculamos que son miles las ejecuciones cada año", añade Martos.

El continente americano también reflejó un escenario de aumento, pero focalizado en Estados Unidos, la única nación de la región que aplicó la condena extrema en 2025. De los 25 casos registrados en 2024, la cifra se duplicó a 47 en 2025. "Hay un sesgo de raza y recursos socioeconómicos. La mayor parte de las personas que se encuentran en el corredor de la muerte son personas afroestadounidenses y, además, representan el mayor número en años anteriores", indica Martos, destacando la discriminación del sistema.

A nivel mundial, los principales métodos para extinguir la vida de los condenados son la decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal, el arma de fuego y la asfixia con gas nitrógeno. EEUU ha utilizado las últimas tres, concentrando la mayor cantidad de ejecuciones (19) en el estado de Florida.

Por su parte, Alabama y Luisiana fueron los dos únicos estados que recurrieron a la asfixia con gas. "Denunciamos que puede significar trato cruel, inhumano, degradante, puesto que se ejerce muchísimo sufrimiento al reo que tarda mucho tiempo en morir desde que comienza a asfixiarse", señala la representante de Amnistía.

Cada uno de los países que perpetró ejecuciones durante 2025 vulneró normativas internacionales. En el caso de EEUU y de Japón, cruzaron líneas rojas al ejecutar a personas con discapacidad mental o intelectual. A nivel global, la aplicación de la pena capital violó el derecho internacional al no reservarse para "los delitos más graves". A los castigos por narcotráfico se sumaron sentencias por corrupción, blasfemia y relaciones extramatrimoniales. Además, violentaron los tratados de protección infantil, al ejecutar y sentenciar de muerte a miembros de poblaciones vulnerables y a menores de edad.

Por otra parte, los sistemas de justicia socavaron los derechos humanos mediante procesos irregulares: juicios sin la presencia del acusado, "confesiones" extraídas bajo tortura, uso de tribunales militares contra civiles y sentencias letales impuestas automáticamente por ley. Este escenario se agravó con prácticas para infundir terror, como las ejecuciones públicas.

"Está completamente demostrado que no hay ningún tipo de correlación entre el aumento de la pena de muerte y la disminución de la delincuencia", advierte Martos frente a este crudo panorama.

No obstante, a pesar del récord alcanzado en 2025, cuyas cifras no eran vistas desde 1981 cuando se documentaron 3.191 ejecuciones (sin incluir China), la tendencia global "mejora". En la actualidad, 113 naciones han eliminado la pena capital. Los cambios continúan, como el caso de Gambia, que suprimió la condena letal para delitos como el asesinato y la traición, o Vietnam, que limitó su aplicación penal.

El debate sobre las ejecuciones trasciende las cifras y cuestiona el papel de los sistemas penales del mundo. "El Estado tiene el deber de proteger el derecho a la vida de todos y todas las personas", concluye Martos. "Cuando el Estado en nombre de la justicia asesina a una persona, no estamos hablando de justicia, estamos hablando de venganza", puntualiza.