Aplazamientos en casos de corrupción: ¿estrategia para negociar ante el Ministerio Público?

Los tribunales han concedido 52 aplazamientos en los casos de corrupción administrativa, motivados a pedimentos hechos por imputados con la velada intención de negociar con el Ministerio Público para delatar a sus compañeros.

52 aplazamientos en casos de corrupción prolongan los juicios más allá de cuatro años establecidos

Dichos aplazamientos provocan  que los casos se prolonguen más allá de los 4 años  que establece el Código Procesal Penal para su extinción si no se ha producido una decisión final.

Los citados aplazamientos obran doblemente en perjuicio de los demás imputados, puesto que los jueces no computan los plazos que conceden en caso de que se solicite una declaratoria de extinción.

Imputados buscan negociar con el Ministerio Público, lo que afecta a otros casos relacionados

La extinción o vencimientos del plazo razonable para que se conozcan los casos de corrupción en los tribunales obedece principalmente a los múltiples aplazamientos de audiencias solicitados por imputados que,  amparados en el criterio de oportunidad que  les concede el Código Procesal Penal, piden la detención del proceso para negociar con el Ministerio Público.

El Código Procesal Penal en su artículo 148 establece que la duración máxima de todo proceso es de 4 años, contados a partir del inicio de la investigación y que dicho plazo solo se puede extender por seis meses en casos de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos.

Sin embargo, dicho artículo es definido por los jueces como “plazo razonable”, debido a que los casos en ocasiones sobrepasan ese tiempo por diversas razones, especialmente por los reenvíos ocasionados por los imputados que piden tiempo para negociar.

Caso Medusa ilustra el impacto de la corrupción y los acuerdos en el sistema judicial

En el caso Medusa, por ejemplo, se concedieron 28 aplazamientos a solicitud de imputados que pidieron tiempo para negociar con el Ministerio Público y el Estado.

El grupo que en esa ocasión arribó a un acuerdo con el Ministerio Público,  que le solicitó ya la pena en base a esa negociación, lo encabeza el joven empresario Lisandro José Macarrulla Martínez, representante de Mac Construcciones SRL e hijo del exministro de la Presidencia,  Lisandro Macarrulla.

Lisandro José admitió haber pagado sobornos para beneficiarse de un lote de la construcción de la cárcel Nueva Victoria.

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