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Iniciativa busca que Trump conceda la independencia a Puerto Rico
Un grupo de abogados puertorriqueños ha preparado y enviado a la Casa Blanca una orden ejecutiva que establece cómo se pueden transferir los poderes y otorgar la independencia a Puerto Rico, dejando sin efecto el Tratado de París de 1898.Este memorando está redactado, según dijo en entrevista a EFE su autor, el abogado Rolando Emanuelli, «con el lenguaje del colonizador», refiriéndose a Estados Unidos, que invadió Puerto Rico en 1898, cuando la isla era una colonia española, y que mantiene hasta hoy su dominio sobre la misma.El licenciado, de 62 años, señaló que lo más innovador de la propuesta es que, hasta ahora, todas las iniciativas de independencia estaban dirigidas al Congreso. Sin embargo, «el presidente también puede dejar sin efecto tratados y podría conceder la soberanía de Puerto Rico».»El presidente (Donald Trump) firma la orden y proclama que Puerto Rico es una entidad soberana e independiente. Reconoce nuestra soberanía bajo el poder que tiene de reconocer a otras soberanías», explicó. RELACIONADAS Actualidad El Gobierno de Puerto Rico aboga en Washington por convertir la isla en un estado de EE. UU. Actualidad El interés expansionista de Trump olvida a Puerto Rico, pendiente de cambiar su estatus Actualidad La estadidad seguirá prevaleciendo en Puerto Rico Tras debatir la idea con el escritor Javier Hernández y el abogado Carlos Rivera, Emanuelli redactó el texto de siete páginas y, hace un mes, envió a EE. UU. 33 misivas revisadas por 16 personas, entre ellas el líder del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.Emanuelli, Hernández y Rivera ya se reunieron con los senadores Mike Lee y John McClintock, con el líder republicano del Senado, John Thune, y tienen pendiente una conversación con Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.Transferencia de poderesEmanuelli escribió el memorando después de enterarse de que un grupo de puertorriqueños de la diáspora en EE. UU. propuso, a través de un documento, la independencia en el Congreso ante la incertidumbre sobre qué pasará con la isla si Trump recorta fondos federales.»Si Trump recorta los fondos, se anticipa aquí una crisis humanitaria, porque el sistema de salud, el sistema de asistencia nutricional, la educación… todo depende de los fondos», lamentó. El actual estatus político de Puerto Rico como Estado Libre Asociado, establecido en 1952, da a la isla cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de EE. UU. áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas. Entre los pasos para la transferencia de poderes, el documento detalla que EE. UU. entregaría 36,000 millones de dólares anuales durante 20 años para la reconstrucción y el desarrollo económico de Puerto Rico, lo que supondría un ahorro de 617,000 millones de dólares en comparación con los desembolsos proyectados actualmente.Emanuelli explicó que, en primer lugar, Trump nombraría «un administrador que encabezaría una comisión de transición», durante la cual se cancelaría la deuda de Puerto Rico, se disolvería la Junta de Supervisión Fiscal y se establecería el procedimiento para definir la situación de la ciudadanía.Sobre la ciudadanía, aclaró que, a partir del 1 de enero de 2027, los nacidos en Puerto Rico ya no serían ciudadanos estadounidenses por nacimiento, pero podrían «ser naturalizados, como ocurre con cualquier hijo de un ciudadano estadounidense nacido en cualquier parte del mundo».Libre comercio con EE. UU. y nueva ConstituciónEmanuelli detalló que, durante esa transición, se negociaría un tratado de libre comercio con Washington, debido a las «estrechas relaciones económicas» existentes, se mantendrían los derechos adquiridos, como el Seguro Social, y se establecería un acuerdo de libre tránsito, ya que seis millones de puertorriqueños viven en EE. UU.El administrador de la comisión «organizaría no solo la transferencia, sino también la convención constituyente para redactar una Constitución», indicó el abogado.Para Emanuelli, los poderes soberanos le darían a Puerto Rico «la capacidad de establecer rutas marítimas y de logística internacional sin restricciones del Gobierno federal».»La idea es lograr una transición lo más cómoda, inexpugnable y razonable posible, para que Puerto Rico pueda ejercer sus funciones como entidad internacional e integrarse a las relaciones comerciales con otros países», concluyó.Esta iniciativa es contraria a la postura del Gobierno de Puerto Rico, liderado por Jenniffer González, quien defiende la ‘estadidad’ (anexión a EE. UU.).La última consulta no vinculante sobre el estatus político de la isla, realizada en noviembre pasado, reflejó una preferencia por la ‘estadidad’ (56.82 %), aunque con un fuerte repunte de las opciones de soberanía en libre asociación e independencia.
Un grupo de abogados puertorriqueños ha preparado y enviado a la Casa Blanca una orden ejecutiva que establece cómo se pueden transferir los poderes y otorgar la independencia a Puerto Rico, dejando sin efecto el Tratado de París de 1898.
Este memorando está redactado, según dijo en entrevista a EFE su autor, el abogado Rolando Emanuelli, «con el lenguaje del colonizador», refiriéndose a Estados Unidos, que invadió Puerto Rico en 1898, cuando la isla era una colonia española, y que mantiene hasta hoy su dominio sobre la misma.
El licenciado, de 62 años, señaló que lo más innovador de la propuesta es que, hasta ahora, todas las iniciativas de independencia estaban dirigidas al Congreso. Sin embargo, «el presidente también puede dejar sin efecto tratados y podría conceder la soberanía de Puerto Rico«.
«El presidente (Donald Trump) firma la orden y proclama que Puerto Rico es una entidad soberana e independiente. Reconoce nuestra soberanía bajo el poder que tiene de reconocer a otras soberanías», explicó.
Tras debatir la idea con el escritor Javier Hernández y el abogado Carlos Rivera, Emanuelli redactó el texto de siete páginas y, hace un mes, envió a EE. UU. 33 misivas revisadas por 16 personas, entre ellas el líder del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.
Emanuelli, Hernández y Rivera ya se reunieron con los senadores Mike Lee y John McClintock, con el líder republicano del Senado, John Thune, y tienen pendiente una conversación con Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.
Transferencia de poderes
Emanuelli escribió el memorando después de enterarse de que un grupo de puertorriqueños de la diáspora en EE. UU. propuso, a través de un documento, la independencia en el Congreso ante la incertidumbre sobre qué pasará con la isla si Trump recorta fondos federales.
«Si Trump recorta los fondos, se anticipa aquí una crisis humanitaria, porque el sistema de salud, el sistema de asistencia nutricional, la educación… todo depende de los fondos», lamentó.
El actual estatus político de Puerto Rico como Estado Libre Asociado, establecido en 1952, da a la isla cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de EE. UU. áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.
Entre los pasos para la transferencia de poderes, el documento detalla que EE. UU. entregaría 36,000 millones de dólares anuales durante 20 años para la reconstrucción y el desarrollo económico de Puerto Rico, lo que supondría un ahorro de 617,000 millones de dólares en comparación con los desembolsos proyectados actualmente.
Emanuelli explicó que, en primer lugar, Trump nombraría «un administrador que encabezaría una comisión de transición», durante la cual se cancelaría la deuda de Puerto Rico, se disolvería la Junta de Supervisión Fiscal y se establecería el procedimiento para definir la situación de la ciudadanía.
Sobre la ciudadanía, aclaró que, a partir del 1 de enero de 2027, los nacidos en Puerto Rico ya no serían ciudadanos estadounidenses por nacimiento, pero podrían «ser naturalizados, como ocurre con cualquier hijo de un ciudadano estadounidense nacido en cualquier parte del mundo».
Libre comercio con EE. UU. y nueva Constitución
Emanuelli detalló que, durante esa transición, se negociaría un tratado de libre comercio con Washington, debido a las «estrechas relaciones económicas» existentes, se mantendrían los derechos adquiridos, como el Seguro Social, y se establecería un acuerdo de libre tránsito, ya que seis millones de puertorriqueños viven en EE. UU.
El administrador de la comisión «organizaría no solo la transferencia, sino también la convención constituyente para redactar una Constitución«, indicó el abogado.
Para Emanuelli, los poderes soberanos le darían a Puerto Rico «la capacidad de establecer rutas marítimas y de logística internacional sin restricciones del Gobierno federal».
«La idea es lograr una transición lo más cómoda, inexpugnable y razonable posible, para que Puerto Rico pueda ejercer sus funciones como entidad internacional e integrarse a las relaciones comerciales con otros países», concluyó.
Esta iniciativa es contraria a la postura del Gobierno de Puerto Rico, liderado por Jenniffer González, quien defiende la ‘estadidad’ (anexión a EE. UU.).
La última consulta no vinculante sobre el estatus político de la isla, realizada en noviembre pasado, reflejó una preferencia por la ‘estadidad’ (56.82 %), aunque con un fuerte repunte de las opciones de soberanía en libre asociación e independencia.
