Violaciones frecuentes de leyes por partidos políticos debilitan la democracia en República Dominicana

​ Actualidad, Política, FP, gobieno, JCE, partidos, PLD, PRM Recurrentemente los partidos políticos del país de manera olímpica violan leyes vigentes, en especial cuando está por encima su interés particular, lo que obligaría al Congreso Nacional a replantear la modificación de algunas para que sean más severas   o  sujeto de obligatoriedad en  su cumplimiento. A pesar de ser los partidos políticos a través de 

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Recurrentemente los partidos políticos del país de manera olímpica violan leyes vigentes, en especial cuando está por encima su interés particular, lo que obligaría al Congreso Nacional a replantear la modificación de algunas para que sean más severas   o  sujeto de obligatoriedad en  su cumplimiento.

A pesar de ser los partidos políticos a través de sus legisladores  los hacedores de leyes, su inobservancia es frecuente,   traduciéndose en un debilitamiento del sistema electoral  y por ende la democracia.

Cuando se trata de ordenanzas electorales y sus plazos,  los tres principales partidos: el Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD), se enfrentan en una lucha electoral sin “cuartel”, aunque fuera de tiempo.

La Junta Central Electoral advierte sobre el inicio de la precampaña electoral y la falta de sanciones efectivas

En tal sentido,  la Junta Central Electoral (JCE),  que  es la institución llamada a poner las reglas claras, emitió en marzo dos comunicados para tratar de frenar la campaña política.

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El órgano comicial  explicó que en virtud de las leyes 20-23 y 33-18, la precampaña  para las elecciones generales de 2028 comenzarían el primer domingo de julio de 2027, haciendo ahínco en la responsabilidad,  en la garantía y el respeto a la competencia igualitaria.

Ante esa realidad surge la pregunta: ¿por qué no reformar esas leyes para adecuarlas  al interés de los partidos o qué las  sanciones sean más drásticas con los profanadores?

En desafío a la JCE, que carece de elemento  sancionador,  los  presidensiables  se movilizan a nivel nacional tratando de ganar adeptos, incluso el partido morado anunció que escogerá su candidato en el 2026,  un año antes de lo establecido.

En el caso del PRM, tiene siete aspirantes presidenciales, con la característica de que todos ocupan cargos públicos. Estos de manera sutil se promueven.

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, el pasado fin de semana advirtió que el tema de los aspirantes a la candidatura presidencial del oficialismo que son funcionarios públicos debe tratarse con urgencia en la organización.

“Un funcionario público debe tener mucho cuidado cuando liga el activismo político y la función pública, porque gobernar en la actualidad es muy difícil, ya que las demandas son infinitas, y las posibilidades son finitas”, señaló.

Leonel Fernández de la FP  no es la excepción y hace lo propio, realizando actividades políticas cada fin de semana.

 El Gobierno incumple leyes fundamentales, como el presupuesto municipal y requisitos para embajadores, sin consecuencias

El Gobierno no está exento de esas violaciones y con regularidad no cumplen con leyes establecidas en el organigrama jurídiconacional.

 Por ejemplo la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios establece entregar el 10% del Presupuesto General del Estado a las alcaldías, pero apenas se le entrega el 3.5%.

Con el nombramiento de Bartolomé Pujals como embajador representante permanente de  República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Poder Ejecutivo incurrió en una violación a la Ley 491-06 de Aviación Civil.

 Para desempeñar ese cargo se requiere contar con experiencia cinco  y  estudios en aeronáutica, requisitos que el exdirector de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC) no cuente. A pesar de eso, se le designó mediante el  decreto  48-25.

Educación

La Ley  General de Educación bajo el número  66-97  establece el 4% del Producto Interno Bruto para esos fines, sin embargo, a pesar de que fue aprobada en el 1997, no fue hasta el 2013 de se vino a cumplir. Para eso pasaron tres gobiernos: Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina.

Resistencia

La Procuraduría, el Ministerio de Defensa, el Ejército de la República Dominicana  y la Armada Dominicana  son solo algunas de las instituciones que se resisten a acatar sentencias del Tribunal Constitucional, órgano creado mediante la Ley 137-11. A pesar que sus decisiones son vinculantes para todo el Estado, sus decisiones están cayendo en “letras muertas”.