El Reino Unido reduce las ayudas sociales para ahorrar 6 mil millones de euros en 2030

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- El Gobierno británico anunció este martes una reorganización de los subsidios sociales para propiciar que las personas con problemas de salud física y mental así como con discapacidades trabajen si pueden hacerlo, con un ahorro previsto de unos 5.000 millones de libras (casi 6,000 millones de euros) para 2029-30.

La ministra de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, expuso ante el Parlamento un plan que aspira a incentivar el regreso o incorporación de los ciudadanos al mundo laboral después de que se registrara un gran incremento de la población inactiva tras la pandemia.

Una de las principales medidas planteadas será la introducción por ley del llamado «derecho a intentarlo», por el que la gente que recibe ayudas por enfermedad podrá probar a ejercer distintos empleos sin perderlas de forma automática.

Frente a quienes critican que el Gobierno laborista busque ahorro en la seguridad social, Kendall esgrimió que el número de personas que cobra el ‘pago de independencia personal’ (PIP) que se otorga a quienes presentan discapacidades aumentó un 12 % en el último año, hasta 3,66 millones en Inglaterra y Gales.

Esta cifra es un 71 % superior a los 2,14 millones que había en enero de 2020, antes de la pandemia de coronavirus, y, según la ministra, evidencia un desajuste en el sistema.

«El cambio social y demográfico significa que ahora más personas viven con una discapacidad, pero el aumento de las ayudas por discapacidad duplica la tasa de incremento de la prevalencia de la discapacidad en edad laboral en el país», adujo.

Según los datos oficiales, las solicitudes por parte de gente joven aumentaron en un 150 %; las motivadas por problemas de salud mental, un 190 %; y las peticiones por dificultades de aprendizaje subieron más del 400 %.

A cambio de hacer más estricto el acceso al PIP, el Gobierno se comprometió a que esta ayuda para facilitar la vida independiente a la gente con discapacidades aumente con la inflación y se pague de forma universal, al margen de los ingresos económicos.

El ministerio de Trabajo planea además simplificar los procedimientos para determinar la idoneidad de los candidatos a subsidios así como el abanico de ayudas, algunas de las cuales se eliminarán para evitar que a los ciudadanos no les salga a cuenta trabajar.

Con esta reforma, que fue criticada por sindicatos y algunos diputados también del Partido Laborista, el Ejecutivo pretende reducir la factura del Estado de bienestar para las arcas públicas, en un contexto de creciente deuda y estancamiento económico.

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