Fundación Justicia y Transparencia ponen en mora a la Procuraduría General

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT)  sometió  hoy una acción de amparo en la que se pone en mora a la Procuraduría General de la República y al Consejo del Poder Judicial para que den  cumplimiento a la Ley 340-22 de Extinción  de Dominio, creando  las unidades  especializadas para investigar y  perseguir   los delitos de lavado de activos y para habilitar los tribunales que consideran de ello.

Máximo Calzado Reyes , quien fungió de vocero a  la  entidad, pidió  al Consejo del Poder Judicial crear las estructuras administrativas y operativas, habilitando a los jueces de corte para conocer  los casos sometidos por el Ministerio público en materia de  lavado de  activos.

«Es importante destacar que la inobservancia en la creación de estas unidades para perseguir y juzgar los delitos de lavado de activos representaría un flaco servicio» considero.                               

Calzado Reyes sostuvo  que la no aplicación de la Ley representa una acción negativa en  la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado.

Advirtió que  la Fundación Justicia y Transparencia recurrirá a todas las instancias que sean necesarias para que se de cumplimiento a la Ley de Extinción de Dominio, que tiene dos años de aprobada y todavía no ha  podido aplicarse.

Estimó   que aunque la procuradora general de la  República , Yeni Berenice Reynoso prometió crear la Procuraduría Anti Lavado de Activos, falta  pasar de la teoría a la acción.

Añadió que  también hace falta que el  Poder Judicial habilite las entidades administrativas para qué los jueces estén en condiciones de juzgar los casos que le someta el Ministerio Público.

La fundación espera que los organismos responsables de su aplicación respondan  a la exigencia en el plazo correspondiente, tomando las medidas necesarias para la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, lo que sería un paso de avance para el país.

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