Recusan jueza en caso de explotación sexual de colombianas

Por tercera ocasión, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste intentó conocer la solicitud de medida de coerción contra los cuatro implicados en la presunta red de explotación sexual de mujeres colombianas. Sin embargo, la audiencia fue interrumpida tras la recusación del juez a cargo.

La recusación fue presentada por la abogada Merary Espinosa, quien defiende a Dariel Castro, uno de los imputados en la denominada Operación Venus.

Espinosa argumentó que el juez Reyes Rodríguez mostró «prejuicio» contra la defensa, al declarar durante la audiencia que esta «es un tormento» para el proceso. En consecuencia, solicitó su inhibición.

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Desmantelan organización que traía colombianas a RD para explotarlas sexualmente en discotecas

«El juez tiene prejuicios y por eso recusamos. Tenemos hasta el próximo martes para que la corte decida si acoge o no nuestra petición», afirmó la abogada.

Asimismo, denunció que las audiencias se notifican el mismo día en que serán conocidas, lo que, según ella, perjudica el derecho a la defensa y la adecuada instrumentación del caso.

Los implicados y la acusación

Los imputados en el caso son la colombiana Geraldyne Torres Betancur y los dominicanos Jason Manuel Santana, alias Nino; Dariel Castro Santos y Félix Joel Rodríguez, alias Joi.

El grupo es señalado de integrar una organización criminal transnacional que, según el Ministerio Público, habría engañado a al menos diez mujeres colombianas para traerlas al país, ofreciéndolas en discotecas y obligándolas a mantener relaciones sexuales como forma de pago de una supuesta deuda de 3,500 dólares.

Próximos pasos del proceso

Tras la recusación, el conocimiento de la medida de coerción fue aplazado para el 11 de marzo.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva para los cuatro implicados y que el caso sea declarado complejo, lo que permitiría ampliar el plazo de investigación y las medidas procesales contra los acusados.

​ Actualidad, Justicia, Wilder Páez, Santo Domingo Oeste, Ministerio Público, Explotación sexual Por tercera ocasión, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste intentó conocer la solicitud de medida de coerción contra los cuatro implicados en la presunta red de explotación sexual de mujeres colombianas. Sin embargo, la audiencia fue interrumpida tras la recusación del juez a cargo.La recusación fue presentada por la abogada Merary Espinosa, quien defiende a Dariel Castro, uno de los imputados en la denominada Operación Venus.Espinosa argumentó que el juez Reyes Rodríguez mostró «prejuicio» contra la defensa, al declarar durante la audiencia que esta «es un tormento» para el proceso. En consecuencia, solicitó su inhibición. RELACIONADAS Nacional Así operaba la supuesta red criminal que captó, retuvo y explotó sexualmente a colombianas Justicia Desmantelan organización que traía colombianas a RD para explotarlas sexualmente en discotecas «El juez tiene prejuicios y por eso recusamos. Tenemos hasta el próximo martes para que la corte decida si acoge o no nuestra petición», afirmó la abogada.Asimismo, denunció que las audiencias se notifican el mismo día en que serán conocidas, lo que, según ella, perjudica el derecho a la defensa y la adecuada instrumentación del caso.Los implicados y la acusaciónLos imputados en el caso son la colombiana Geraldyne Torres Betancur y los dominicanos Jason Manuel Santana, alias Nino; Dariel Castro Santos y Félix Joel Rodríguez, alias Joi.El grupo es señalado de integrar una organización criminal transnacional que, según el Ministerio Público, habría engañado a al menos diez mujeres colombianas para traerlas al país, ofreciéndolas en discotecas y obligándolas a mantener relaciones sexuales como forma de pago de una supuesta deuda de 3,500 dólares.Próximos pasos del procesoTras la recusación, el conocimiento de la medida de coerción fue aplazado para el 11 de marzo.El Ministerio Público solicita prisión preventiva para los cuatro implicados y que el caso sea declarado complejo, lo que permitiría ampliar el plazo de investigación y las medidas procesales contra los acusados.