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Abogado explica medida dictada a mujer acusada de chocar a Aida Nicole
Luego de que fuera dejada en libertad bajo fianza Raquel Guzmán Torres, señalada como la presumible responsable del accidente de tránsito en la avenida Winston Churchill, en el Distrito Nacional, que cobró la vida de Aida Nicole Reyes Gómez, de 21 años, la parte defensora dijo que esperaba una medida más severa y que la solicitud presentada por el Ministerio Público tuvo debilidades, al no incluir la agravante del consumo de alcohol.
Con respecto a este tipo de casos, el jurista Francisco Álvarez Martínez entiende que hay una “gran deuda legislativa”, señalando que la normativa del país no prevé las sanciones adecuadas para lo que es una de las causas que más vidas arrebatan en la República Dominicana.
Al referirse a la medida dictada en este caso, Álvarez Martínez considera que, aunque la parte defensora esperaba otro resultado, esto no quiere decir que se haya perdido el caso. “Efectivamente se dictó una medida de coerción, solo que no fue la prisión preventiva”, dijo.
Explicó que el juez que conoce una medida de coerción no tiene la capacidad técnica para determinar si alguien es culpable o no. Por lo que, enfatizó que en ese momento lo que se analiza es la probabilidad de que el acusado se substraiga del proceso o lo afecte de alguna otra manera.
Prueba de alcoholemia
El día del choque fatal, a la imputada se le realizó una prueba de alcoholemia por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) el cual habría arrojado, valores que superan el límite legal establecido por la Ley de Tránsito y Transporte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y, cuya prueba, según la defensa, no fue tomada en cuenta para la medida de coerción.
¿La inclusión de esta prueba habría influido en la decisión del juez? El abogado dijo que la ley siempre hace referencia a los resultados “en sangre”; sin embargo, señaló que “la prueba de alcoholemia no es la única herramienta, hay otras, y en este caso podría ser que la prueba realizada se utilice para el juicio, aunque no estuvo disponible para la medida de coerción”, manifestó.
“La admisibilidad de una prueba de esa naturaleza depende de muchos factores que, en caso de que alguno de ellos genere incertidumbre en el resultado, el sujeto o la herramienta, un tribunal puede valorarlo, pero no necesariamente basarse en ella para tomar una decisión”, expuso.
Álvarez Martínez sostuvo que es normal que, debido a la premura de la presentación del investigado ante el juez y la rapidez que ese proceso especial requiere, no se cuente con toda la información necesaria para presentar “el caso”.
Recolección de pruebas
La experta en tránsito y seguridad vial, María Tavares Montero, explicó que, al momento de un choque que involucra víctimas mortales, el deber de los agentes de la Digesett es levantar una documentación detallada de la escena, la cual pueda ser utilizada en un juicio.
Señaló que en estos casos deben ser retenidos los vehículos involucrados como evidencia, mantenerse en su lugar para evitar alteraciones, usar cinta para acordonar la zona, marcar las posiciones de los vehículos y otros elementos relevantes, y los videos que recogen los hechos deben ser remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su posterior uso.
Tavares Montero precisó que la prueba de alcoholimetría es una de las más comunes en accidentes de tránsito. Sin embargo, destacó que la misma debe estar correctamente certificada para ser válida en un juicio.
“Toda la información recolectada por los agentes debe ser dirigida al Ministerio Público para que se encargue de supervisar y manejar estas, así como de la parte jurídica y procesal del caso”, declaró.
Sobre la medida de coerción
El Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Centro Automovilístico impuso este jueves una garantía económica de dos millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica contra Raquel Guzmán Torres.
La defensa, encabezada por el abogado Affe Gutiérrez, adelantó que analizarán si apelarán la medida, considerando que el resultado positivo de la prueba de alcoholemia podría agravar la acusación contra la imputada.
Actualidad, Justicia, Harolyn Gavilán, Santo Domingo, Accidente de Tránsito, Aida Nicole, prueba de alcoholimetría, legislación de tránsito Luego de que fuera dejada en libertad bajo fianza Raquel Guzmán Torres, señalada como la presumible responsable del accidente de tránsito en la avenida Winston Churchill, en el Distrito Nacional, que cobró la vida de Aida Nicole Reyes Gómez, de 21 años, la parte defensora dijo que esperaba una medida más severa y que la solicitud presentada por el Ministerio Público tuvo debilidades, al no incluir la agravante del consumo de alcohol.Con respecto a este tipo de casos, el jurista Francisco Álvarez Martínez entiende que hay una “gran deuda legislativa”, señalando que la normativa del país no prevé las sanciones adecuadas para lo que es una de las causas que más vidas arrebatan en la República Dominicana.Al referirse a la medida dictada en este caso, Álvarez Martínez considera que, aunque la parte defensora esperaba otro resultado, esto no quiere decir que se haya perdido el caso. “Efectivamente se dictó una medida de coerción, solo que no fue la prisión preventiva”, dijo. RELACIONADAS Justicia Dictan libertad bajo fianza a conductora involucrada en accidente que dejó una joven muerta Sucesos No pasó prueba de alcoholemia la conductora involucrada en accidente que dejó una joven fallecida Explicó que el juez que conoce una medida de coerción no tiene la capacidad técnica para determinar si alguien es culpable o no. Por lo que, enfatizó que en ese momento lo que se analiza es la probabilidad de que el acusado se substraiga del proceso o lo afecte de alguna otra manera.Prueba de alcoholemia El día del choque fatal, a la imputada se le realizó una prueba de alcoholemia por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) el cual habría arrojado, valores que superan el límite legal establecido por la Ley de Tránsito y Transporte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y, cuya prueba, según la defensa, no fue tomada en cuenta para la medida de coerción. ¿La inclusión de esta prueba habría influido en la decisión del juez? El abogado dijo que la ley siempre hace referencia a los resultados “en sangre”; sin embargo, señaló que “la prueba de alcoholemia no es la única herramienta, hay otras, y en este caso podría ser que la prueba realizada se utilice para el juicio, aunque no estuvo disponible para la medida de coerción”, manifestó.“La admisibilidad de una prueba de esa naturaleza depende de muchos factores que, en caso de que alguno de ellos genere incertidumbre en el resultado, el sujeto o la herramienta, un tribunal puede valorarlo, pero no necesariamente basarse en ella para tomar una decisión”, expuso.Álvarez Martínez sostuvo que es normal que, debido a la premura de la presentación del investigado ante el juez y la rapidez que ese proceso especial requiere, no se cuente con toda la información necesaria para presentar “el caso”. RELACIONADAS Nacional Padre de joven fallecida en accidente denuncia negligencia de la Digesett en proceso judicial Recolección de pruebasLa experta en tránsito y seguridad vial, María Tavares Montero, explicó que, al momento de un choque que involucra víctimas mortales, el deber de los agentes de la Digesett es levantar una documentación detallada de la escena, la cual pueda ser utilizada en un juicio.Señaló que en estos casos deben ser retenidos los vehículos involucrados como evidencia, mantenerse en su lugar para evitar alteraciones, usar cinta para acordonar la zona, marcar las posiciones de los vehículos y otros elementos relevantes, y los videos que recogen los hechos deben ser remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su posterior uso.Tavares Montero precisó que la prueba de alcoholimetría es una de las más comunes en accidentes de tránsito. Sin embargo, destacó que la misma debe estar correctamente certificada para ser válida en un juicio.“Toda la información recolectada por los agentes debe ser dirigida al Ministerio Público para que se encargue de supervisar y manejar estas, así como de la parte jurídica y procesal del caso”, declaró.Sobre la medida de coerciónEl Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Centro Automovilístico impuso este jueves una garantía económica de dos millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica contra Raquel Guzmán Torres.La defensa, encabezada por el abogado Affe Gutiérrez, adelantó que analizarán si apelarán la medida, considerando que el resultado positivo de la prueba de alcoholemia podría agravar la acusación contra la imputada.