Operación Guepardo: dictan prisión preventiva para implicados

Tras una audiencia que se extendió por más de siete horas, la jueza Margarita Cristo, de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, impuso este martes 18 meses de prisión preventiva a Marisol Nova Novasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux. Los arrestados están imputados en la red de estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Guepardo.

El Ministerio Público informó que las acusadas deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, mientras que Giroux será trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. 

El caso fue declarado complejo y además, el tribunal acogió la petición del Ministerio Público y dispuso una oposición a la venta o traspaso de bienes muebles e inmuebles identificados en este caso. 

De acuerdo con lo expresado por el Ministerio Público, esta decisión permitirá un proceso más exhaustivo para determinar el alcance de la estafa y las responsabilidades de los implicados.

Los abogados de la parte acusatoria se mostraron satisfechos con la decisión de la magistrada Cristo e indicaron que, con esta medida, las víctimas tienen suficiente tiempo para apoderar al Ministerio Público de su querella.

«Estamos satisfechos con la decisión de la magistrada, es una decisión atinada por el peligro de fuga que ellos representan y fue lo más conveniente para este proceso», expresó el abogado Emmanuel Rivera Rodríguez a la salida de la audiencia.

De igual manera, las víctimas también se mostraron conformes con la decisión, asegurando que representa un paso importante en la búsqueda de justicia.

Las autoridades han instado a posibles afectados a presentar sus denuncias y colaborar con el proceso judicial para garantizar justicia en el caso.

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Ortiz Nova fue capturada en un operativo conjunto entre el Ministerio Público dominicano, la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilat) de la Policía Nacional y la Oficina OCN-Interpol Santo Domingo. Las autoridades esperan su pronta extradición al país para enfrentar la justicia.  

El pasado 11 de febrero, la Fiscalía de La Romana, en coordinación con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, arrestó a Yves Alexandre Giroux, quien se había dado a la fuga el 7 de febrero tras el allanamiento de una lujosa villa en Cocotal, Punta Cana.  

El Ministerio Público tipificó el caso como estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos. 

El expediente presentado contra los imputados los vincula a violaciones de los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Detalles de la acusación

Según la acusación del Ministerio Público, un total de 122 personas, además del Estado dominicano, fueron víctimas de este esquema fraudulento, el cual involucraba la venta de propiedades de lujo inexistentes. A través de las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y la franquicia RE/MAX ONE, la autoridades dicen que la red logró captar más de 18 millones de dólares promocionando proyectos inmobiliarios fraudulentos.

Entre las víctimas identificadas se encuentran nueve ciudadanos estadounidenses (incluyendo un puertorriqueño) y cuatro canadienses, muchos de ellos residentes en Estados Unidos, Puerto Rico, Suiza y Alemania. Además, el Ministerio Público considera que el Estado dominicano también fue afectado, debido a la evasión de impuestos y otras obligaciones legales por parte de los acusados.

Cómo operaban

La acusación establece que la estrategia de la red consistía en utilizar a Novasco Real Estate S.R.L. como empresa fachada y adquirir la franquicia RE/MAX, una reconocida marca internacional del sector inmobiliario, con el fin de generar confianza entre sus clientes. Los acusados promovían proyectos como «Romana Victoriana Residences», un supuesto complejo de lujo con precios atractivos.

El Ministerio Público señala que los involucrados difundían información engañosa a través de redes sociales, utilizando imágenes y descripciones persuasivas para atraer inversionistas. Los compradores realizaban transferencias bancarias confiando en la reputación de la marca RE/MAX, sin saber que las propiedades nunca serían construidas. Como resultado, quedaron sin respuesta ni posibilidad de recuperar su inversión.

Las autoridades continúan avanzando en el caso, con la finalidad de garantizar justicia para las víctimas y «recuperar los fondos ilícitamente obtenidos por los responsables».

Desmantelamiento

El 7 de febrero pasado, la Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf), de la Policía Nacional, puso en marcha la Operación Guepardo.

El Ministerio Público realizó 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, relacionados a la supuesta red delictiva.

En el operativo se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas, documentación societaria relacionada con la supuesta estafa, entre otros.

​ Actualidad, Justicia, Karina Jiménez, La Romana, investigaciones, Fraude Inmobiliario, Operación Guepardo Tras una audiencia que se extendió por más de siete horas, la jueza Margarita Cristo, de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, impuso este martes 18 meses de prisión preventiva a Marisol Nova Novasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux. Los arrestados están imputados en la red de estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Guepardo.El Ministerio Público informó que las acusadas deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, mientras que Giroux será trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. El caso fue declarado complejo y además, el tribunal acogió la petición del Ministerio Público y dispuso una oposición a la venta o traspaso de bienes muebles e inmuebles identificados en este caso. De acuerdo con lo expresado por el Ministerio Público, esta decisión permitirá un proceso más exhaustivo para determinar el alcance de la estafa y las responsabilidades de los implicados.Los abogados de la parte acusatoria se mostraron satisfechos con la decisión de la magistrada Cristo e indicaron que, con esta medida, las víctimas tienen suficiente tiempo para apoderar al Ministerio Público de su querella.»Estamos satisfechos con la decisión de la magistrada, es una decisión atinada por el peligro de fuga que ellos representan y fue lo más conveniente para este proceso», expresó el abogado Emmanuel Rivera Rodríguez a la salida de la audiencia.De igual manera, las víctimas también se mostraron conformes con la decisión, asegurando que representa un paso importante en la búsqueda de justicia.Las autoridades han instado a posibles afectados a presentar sus denuncias y colaborar con el proceso judicial para garantizar justicia en el caso. 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A través de las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y la franquicia RE/MAX ONE, la autoridades dicen que la red logró captar más de 18 millones de dólares promocionando proyectos inmobiliarios fraudulentos.Entre las víctimas identificadas se encuentran nueve ciudadanos estadounidenses (incluyendo un puertorriqueño) y cuatro canadienses, muchos de ellos residentes en Estados Unidos, Puerto Rico, Suiza y Alemania. Además, el Ministerio Público considera que el Estado dominicano también fue afectado, debido a la evasión de impuestos y otras obligaciones legales por parte de los acusados.Cómo operabanLa acusación establece que la estrategia de la red consistía en utilizar a Novasco Real Estate S.R.L. como empresa fachada y adquirir la franquicia RE/MAX, una reconocida marca internacional del sector inmobiliario, con el fin de generar confianza entre sus clientes. 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Como resultado, quedaron sin respuesta ni posibilidad de recuperar su inversión.Las autoridades continúan avanzando en el caso, con la finalidad de garantizar justicia para las víctimas y «recuperar los fondos ilícitamente obtenidos por los responsables».DesmantelamientoEl 7 de febrero pasado, la Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf), de la Policía Nacional, puso en marcha la Operación Guepardo.El Ministerio Público realizó 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, relacionados a la supuesta red delictiva.En el operativo se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas, documentación societaria relacionada con la supuesta estafa, entre otros.