De Ultimo Minuto
Así desmantelaron red proveía actas de nacimientos a haitianos
Desde el lunes cumplen medida de coerción seis de ocho imputados, entre ellos empleados de la Junta Central Electoral (JCE), por su vinculación con una supuesta red dedicada a la falsificación de documentos y la expedición de actas de nacimiento a personas haitianas en el municipio de Nizao, provincia Peravia.
Las personas que no han sido sometidas a la justicia son María del Carmen Arias Castillo, quien fungía como encargada de la Oficialía del Estado Civil del referido municipio, y Dominga Valdez, dueña de una fundación que supuestamente falsificaba documentos oficiales para declarar niños haitianos.
Las autoridades lograron desmantelar estas operaciones que transgreden el registro civil dominicano gracias a dos denuncias depositadas en el Juzgado de Paz de la comunidad de Nizao por la directora del hospital municipal, Dominga Tavárez Álvarez. La doctora denunció la falsificación de su firma para la emisión de cuatro certificaciones de nacido vivo, a través de las cuales la Oficialía de la JCE expidió igual cantidad de actas de nacimiento de declaración tardía para niños haitianos.
En su querella, la doctora Tavárez Álvarez identificó a las figuras clave para el desarrollo de este ilícito, lo cual fue confirmado por el Ministerio Público. Según la investigación, en estas operaciones fraudulentas participaron empleados de la Junta Central Electoral y, sobre todo, la encargada de la Oficialía, quien «validó las documentaciones falsas cometidas por los supuestos padres de los menores».
La directora del hospital también denunció que Dominga Valdez (prófuga), propietaria de la fundación Aneadef, dedicada a “atender niños con discapacidad”, falsificó el sello del hospital y su firma para hacer certificaciones de nacido vivo. Estos documentos eran elaborados y escaneados en el centro de internet Los Vegetales, propiedad del imputado Stalin Balcón, y luego presentados ante la JCE para declarar a cuatro menores haitianos.
Desarrollo del caso
El expediente del Ministerio Público indica que para lograr la expedición de las actas de nacimiento, la imputada Quilcy Paulino se presentó el pasado 30 de enero de 2024 en la Oficialía de Nizao con cuatro certificaciones de nacido vivo del Hospital de Nizao, acompañada de Dominga Valdez, quien supuestamente actuaba como encargada de la fundación dedicada a ayudar a declarar niños con discapacidad.
Ese día, señala el expediente, ambas mujeres fueron recibidas y entrevistadas por la exoficial del Estado Civil Arias Castillo, quien, tras revisar los documentos escaneados, remitió el expediente a la empleada Elizabeth Mercedes García de Matos. Esta última generó tres recibos de declaraciones tardías de Paulino y luego pasó el expediente al empleado Juan Javier Maríñez Guillén, quien digitó los datos y registró que el supuesto padre declarante, Amauris Rosario Aybar, compareció y firmó, cuando en realidad este nunca se presentó en la Oficialía. Además, el expediente indica que la persona que ostenta la identidad de Rosario Aybar figura en el sistema como fallecida desde 1998.
Asimismo, el organismo de persecución establece que la encargada administrativa, Sujeyri Mercedes Sánchez, ingresó ilícitamente al sistema con el usuario de otra servidora e imprimió un recibo de caja a favor del “padre declarante”.
El expediente también resalta que «el delito no se habría consumado sin la participación de la oficial del Estado Civil, María del Carmen Arias Castillo, quien firmó los libros de registro de nacimiento de los menores de nacionalidad haitiana, hijos de inmigrantes haitianos en condición irregular. Además, Arias Castillo nunca entrevistó a los menores y validó documentos escaneados como soporte de los registros. Durante sus dos años en el cargo, tampoco visitó el hospital de Nizao, la iglesia ni el centro escolar, como era su deber para validar los registros tardíos».
Irregularidades detectadas
La investigación determinó que:
- En el Hospital Municipal de Nizao no figura que la señora Quilcy Paulino haya dado a luz a cuatro bebés en las fechas indicadas: 26 de abril de 2008, 23 de diciembre de 2014, 1 de junio de 2017 y 11 de octubre de 2019. Su único parto registrado en ese centro ocurrió el 24 de agosto de 2005
«Conforme a la investigación del libro de registro de partos del hospital, no existen registros de esos nacimientos, lo que evidencia la falsificación de los certificados de nacido vivo», señaló la denunciante.
- Las certificaciones de no bautizo emitidas por la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Santa Ana son falsas.
El reverendo padre William A. Rosario indicó al Ministerio Público que no emitió tales certificaciones y que los documentos presentados por los supuestos padres son fraudulentos.
- El Centro Educativo Prof. Asela Paulino Fuentes certificó que los menores en cuestión “no estudian ni estudiaron en la referida escuela y que ni la firma, ni el sello, ni el logo corresponden a la institución”.
Acusación y medidas de coerción
Por este hecho, Stalen Falcón, Juan Javier Maríñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y Sujeyri Mercedes Sánchez tienen una medida coercitiva consistente en garantía económica y presentación periódica. Solo el imputado Amauri Rosario Aybar, de nacionalidad haitiana, está cumpliendo prisión preventiva.
El fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejada, indicó que el Ministerio Público ponderará la decisión de la jueza Loida Amador, ya que considera que todos los involucrados debieron recibir prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos imputados.
Este caso ha recibido la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 145, 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos. También se les acusa de violar los artículos 207 y 208 de la Ley 4-23 sobre Registro Civil, los artículos 13 y 14, numeral 4, de la Ley de Cédula número 8-92, los artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales, y los artículos 6, párrafo 1, 7, 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Debido a la gravedad del caso, la investigación ha sido declarada como un proceso complejo, lo que permitirá a la Fiscalía contar con el tiempo necesario para profundizar en el entramado delictivo.
Actualidad, Justicia, Diario Libre, Santo Domingo, Haitianos, Falsificación, JCE, red, Registro Civil, Haitianos en RD Desde el lunes cumplen medida de coerción seis de ocho imputados, entre ellos empleados de la Junta Central Electoral (JCE), por su vinculación con una supuesta red dedicada a la falsificación de documentos y la expedición de actas de nacimiento a personas haitianas en el municipio de Nizao, provincia Peravia.Las personas que no han sido sometidas a la justicia son María del Carmen Arias Castillo, quien fungía como encargada de la Oficialía del Estado Civil del referido municipio, y Dominga Valdez, dueña de una fundación que supuestamente falsificaba documentos oficiales para declarar niños haitianos.Las autoridades lograron desmantelar estas operaciones que transgreden el registro civil dominicano gracias a dos denuncias depositadas en el Juzgado de Paz de la comunidad de Nizao por la directora del hospital municipal, Dominga Tavárez Álvarez. La doctora denunció la falsificación de su firma para la emisión de cuatro certificaciones de nacido vivo, a través de las cuales la Oficialía de la JCE expidió igual cantidad de actas de nacimiento de declaración tardía para niños haitianos.En su querella, la doctora Tavárez Álvarez identificó a las figuras clave para el desarrollo de este ilícito, lo cual fue confirmado por el Ministerio Público. Según la investigación, en estas operaciones fraudulentas participaron empleados de la Junta Central Electoral y, sobre todo, la encargada de la Oficialía, quien «validó las documentaciones falsas cometidas por los supuestos padres de los menores».La directora del hospital también denunció que Dominga Valdez (prófuga), propietaria de la fundación Aneadef, dedicada a “atender niños con discapacidad”, falsificó el sello del hospital y su firma para hacer certificaciones de nacido vivo. Estos documentos eran elaborados y escaneados en el centro de internet Los Vegetales, propiedad del imputado Stalin Balcón, y luego presentados ante la JCE para declarar a cuatro menores haitianos.Desarrollo del casoEl expediente del Ministerio Público indica que para lograr la expedición de las actas de nacimiento, la imputada Quilcy Paulino se presentó el pasado 30 de enero de 2024 en la Oficialía de Nizao con cuatro certificaciones de nacido vivo del Hospital de Nizao, acompañada de Dominga Valdez, quien supuestamente actuaba como encargada de la fundación dedicada a ayudar a declarar niños con discapacidad. RELACIONADAS Justicia Red suplantaba identidades de dominicanos fallecidos asignaba datos de un difunto a varios haitianos Justicia Dictan coerción a red que proveía documentos a haitianos suplantando identidades de dominicanos Ese día, señala el expediente, ambas mujeres fueron recibidas y entrevistadas por la exoficial del Estado Civil Arias Castillo, quien, tras revisar los documentos escaneados, remitió el expediente a la empleada Elizabeth Mercedes García de Matos. Esta última generó tres recibos de declaraciones tardías de Paulino y luego pasó el expediente al empleado Juan Javier Maríñez Guillén, quien digitó los datos y registró que el supuesto padre declarante, Amauris Rosario Aybar, compareció y firmó, cuando en realidad este nunca se presentó en la Oficialía. Además, el expediente indica que la persona que ostenta la identidad de Rosario Aybar figura en el sistema como fallecida desde 1998.Asimismo, el organismo de persecución establece que la encargada administrativa, Sujeyri Mercedes Sánchez, ingresó ilícitamente al sistema con el usuario de otra servidora e imprimió un recibo de caja a favor del “padre declarante”.El expediente también resalta que «el delito no se habría consumado sin la participación de la oficial del Estado Civil, María del Carmen Arias Castillo, quien firmó los libros de registro de nacimiento de los menores de nacionalidad haitiana, hijos de inmigrantes haitianos en condición irregular. Además, Arias Castillo nunca entrevistó a los menores y validó documentos escaneados como soporte de los registros. Durante sus dos años en el cargo, tampoco visitó el hospital de Nizao, la iglesia ni el centro escolar, como era su deber para validar los registros tardíos».Irregularidades detectadasLa investigación determinó que: En el Hospital Municipal de Nizao no figura que la señora Quilcy Paulino haya dado a luz a cuatro bebés en las fechas indicadas: 26 de abril de 2008, 23 de diciembre de 2014, 1 de junio de 2017 y 11 de octubre de 2019. Su único parto registrado en ese centro ocurrió el 24 de agosto de 2005″Conforme a la investigación del libro de registro de partos del hospital, no existen registros de esos nacimientos, lo que evidencia la falsificación de los certificados de nacido vivo», señaló la denunciante. Las certificaciones de no bautizo emitidas por la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Santa Ana son falsas. El reverendo padre William A. Rosario indicó al Ministerio Público que no emitió tales certificaciones y que los documentos presentados por los supuestos padres son fraudulentos. El Centro Educativo Prof. Asela Paulino Fuentes certificó que los menores en cuestión “no estudian ni estudiaron en la referida escuela y que ni la firma, ni el sello, ni el logo corresponden a la institución”.Acusación y medidas de coerciónPor este hecho, Stalen Falcón, Juan Javier Maríñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y Sujeyri Mercedes Sánchez tienen una medida coercitiva consistente en garantía económica y presentación periódica. Solo el imputado Amauri Rosario Aybar, de nacionalidad haitiana, está cumpliendo prisión preventiva.El fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejada, indicó que el Ministerio Público ponderará la decisión de la jueza Loida Amador, ya que considera que todos los involucrados debieron recibir prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos imputados.Este caso ha recibido la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 145, 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos. También se les acusa de violar los artículos 207 y 208 de la Ley 4-23 sobre Registro Civil, los artículos 13 y 14, numeral 4, de la Ley de Cédula número 8-92, los artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales, y los artículos 6, párrafo 1, 7, 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.Debido a la gravedad del caso, la investigación ha sido declarada como un proceso complejo, lo que permitirá a la Fiscalía contar con el tiempo necesario para profundizar en el entramado delictivo.
