Proyecto que regulará al sector inmobiliario volverá a la Cámara Baja

En un contexto en que la justicia dominicana procesa varios casos de estafas inmobiliarias en curso, el proyecto de ley que Regula los Servicios Inmobiliarios y el Contrato de Corretaje volverá a ser reintroducido al Congreso en la próxima legislatura, que inicia a partir de este 27 de febrero.

Así lo confirmó a Diario Libre el diputado por la circunscripción 2 de Santiago Braulio de Jesús, quien presidió la comisión especial que rindió un informe favorable con modificaciones al proyecto el 11 de diciembre del 2024, nueve meses después de que la propuesta fuera depositada ante la Cámara de Diputados por la entonces representante de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, Lourdes Josefina Aybar Dionisio.

“La comisión organizadora no la colocó en agenda ya por el tiempo que teníamos para terminar la legislatura, que concluyó el 12 de enero, pero nosotros le dimos un informe favorable, porque entendemos que es una pieza sumamente importante para devolverle la confianza a los agentes inmobiliarios, que quieren ser regulados”, explicó.

El proyecto de ley tiene como objetivo proteger la relación jurídica entre el proponente y el corredor de bienes raíces –o sus agentes—, manteniendo la confianza del mercado inmobiliario a través de la regulación de operaciones.

Esto incluye la compra, venta y arrendamiento de bienes inmuebles, así como cualquier tipo de negociación en torno a estos, velando por la protección de los derechos de los contratantes o clientes.

Por eso, de Jesús considera que el proyecto es importante para devolverle la confianza a los compradores en medio de los casos de estafa que se han presentado en la República Dominicana.

“Estamos trabajando con las personas a las cuales nosotros citamos y que se dignaron de pasar por la comisión, para ver si sometemos una pieza ya con las modificaciones necesarias para cuando sea enviada a la Comisión de Justicia, pues nosotros poder avanzar en eso”, señaló.

Un proyecto de muchos años

El presidente de la Asociación de Empresas y Agentes Inmobiliarias (AEI) manifestó que esta sería la cuarta vez, en los últimos 15 años, en el que el sector inmobiliario aboga por el estudio y aprobación de una pieza legislativa como esta en el Congreso, pero enfatiza que la propuesta actual es la que ha logrado más avances.

En efecto, el informe emitido en diciembre pasado significa que el proyecto estaría listo para que la Cámara Baja lo estudie y apruebe en cuanto se paute en la agenda legislativa, para luego obtener el mismo consenso en la Cámara Alta y finalmente ser promulgado como ley.

“Estamos en un buen momento (para aprobarlo) porque es una necesidad que la pide el mercado inmobiliario, la regulación del sector como tal”, subrayó el presidente de la AEI, un gremio que agrupa a 230 empresas inmobiliarias, a 3,500 agentes y a 1,385 asesores inmobiliarios formales.

Bogaert enfatizó que el sector necesita una normativa que genere confianza, seguridad y garantías a los inversionistas y compradores de propiedades.

Dijo que las inmobiliarias operen bajo una licencia emitida por el Estado dominicano, algo que está contemplado en el proyecto de ley.

 En un contexto en que la justicia dominicana procesa varios casos de estafas inmobiliarias en curso, el proyecto de ley que Regula los Servicios Inmobiliarios y el Contrato de Corretaje volverá a ser reintroducido al Congreso en la próxima legislatura, que inicia a partir de este 27 de febrero.Así lo confirmó a Diario Libre el diputado por la circunscripción 2 de Santiago Braulio de Jesús, quien presidió la comisión especial que rindió un informe favorable con modificaciones al proyecto el 11 de diciembre del 2024, nueve meses después de que la propuesta fuera depositada ante la Cámara de Diputados por la entonces representante de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, Lourdes Josefina Aybar Dionisio.“La comisión organizadora no la colocó en agenda ya por el tiempo que teníamos para terminar la legislatura, que concluyó el 12 de enero, pero nosotros le dimos un informe favorable, porque entendemos que es una pieza sumamente importante para devolverle la confianza a los agentes inmobiliarios, que quieren ser regulados”, explicó.El proyecto de ley tiene como objetivo proteger la relación jurídica entre el proponente y el corredor de bienes raíces –o sus agentes—, manteniendo la confianza del mercado inmobiliario a través de la regulación de operaciones.Esto incluye la compra, venta y arrendamiento de bienes inmuebles, así como cualquier tipo de negociación en torno a estos, velando por la protección de los derechos de los contratantes o clientes.Por eso, de Jesús considera que el proyecto es importante para devolverle la confianza a los compradores en medio de los casos de estafa que se han presentado en la República Dominicana. “Estamos trabajando con las personas a las cuales nosotros citamos y que se dignaron de pasar por la comisión, para ver si sometemos una pieza ya con las modificaciones necesarias para cuando sea enviada a la Comisión de Justicia, pues nosotros poder avanzar en eso”, señaló. Te puede interesar Reglas más claras Un llamado urgente a la seguridad y transparencia en el sector inmobiliario dominicano Un proyecto de muchos añosEl presidente de la Asociación de Empresas y Agentes Inmobiliarias (AEI) manifestó que esta sería la cuarta vez, en los últimos 15 años, en el que el sector inmobiliario aboga por el estudio y aprobación de una pieza legislativa como esta en el Congreso, pero enfatiza que la propuesta actual es la que ha logrado más avances.En efecto, el informe emitido en diciembre pasado significa que el proyecto estaría listo para que la Cámara Baja lo estudie y apruebe en cuanto se paute en la agenda legislativa, para luego obtener el mismo consenso en la Cámara Alta y finalmente ser promulgado como ley.“Estamos en un buen momento (para aprobarlo) porque es una necesidad que la pide el mercado inmobiliario, la regulación del sector como tal”, subrayó el presidente de la AEI, un gremio que agrupa a 230 empresas inmobiliarias, a 3,500 agentes y a 1,385 asesores inmobiliarios formales.Bogaert enfatizó que el sector necesita una normativa que genere confianza, seguridad y garantías a los inversionistas y compradores de propiedades.Dijo que las inmobiliarias operen bajo una licencia emitida por el Estado dominicano, algo que está contemplado en el proyecto de ley. Leer más Caso Guepardo: red de estafa inmobiliaria queda desmantelada con la captura del último prófugo Estafas inmobiliarias en RD: cómo protegerse y tomar decisiones seguras Interrogarán a propietarios de empresa por presunta estafa inmobiliaria en Punta Cana Economía, Vivienda, Irmgard De la Cruz, Santo Domingo, Congreso, Sector inmobiliario, Cámara Baja, estafa inmobiliaria