Cinco días para responder a investigaciones de corrupción

El presidente Luis Abinader firmó el lunes el decreto 76-25, mediante el cual se crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), una nueva comisión que estará encargada de coordinar las estrategias del gobierno en materia de lucha contra la corrupción y supervisión de la gestión pública. Dentro de sus disposiciones, el decreto establece que todas las entidades y órganos de la administración pública tienen la obligación de suministrar información, documentos y asistencia en un plazo de cinco días laborables cuando sean requeridos en el marco de investigaciones sobre posibles actos de corrupción y la recuperación de bienes públicos.

El decreto dispone que cualquier órgano o ente público que reciba una solicitud de información, archivos o documentación relacionada con investigaciones sobre corrupción y mal manejo de fondos estatales debe responder dentro de un período máximo de cinco días laborables, contados a partir de la fecha de la solicitud. Esta medida busca agilizar los procesos de fiscalización y evitar demoras en la recuperación de bienes públicos que hayan sido desviados de manera irregular.

La norma también contempla que, además de entregar la información solicitada, las instituciones deben brindar asistencia técnica para facilitar la identificación de posibles irregularidades y garantizar el cumplimiento de los procesos de investigación.

Colaboración con entidades especializadas

La CPTA no solo podrá solicitar información a las instituciones gubernamentales, sino que también está facultada para colaborar con la Procuraduría General de la República y el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP) cuando detecte casos que requieran intervención judicial. Esto permitirá canalizar las denuncias y proceder con la aplicación de sanciones cuando se determine la existencia de violaciones al ordenamiento jurídico.

Además, la Comisión podrá requerir la participación de instituciones de la sociedad civil que trabajen en temas de transparencia e integridad institucional, con el objetivo de fortalecer los procesos de análisis y auditoría.

Consecuencias

El decreto también prevé sanciones para aquellos funcionarios que no cumplan con la entrega de la información dentro del plazo establecido. La negativa o dilación en la respuesta será considerada una falta de tercer grado, conforme a lo dispuesto en la Ley de Función Pública, lo que podría derivar en medidas disciplinarias contra los responsables.

Asimismo, la norma instruye de manera especial a entidades como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio de Administración Pública (MAP) a prestar colaboración prioritaria con la CPTA, debido al alto nivel de información que manejan sobre transacciones y operaciones financieras del Estado.

Un mecanismo de supervisión

Con la creación de la CPTA y la implementación de este nuevo plazo de entrega de información, el gobierno busca fortalecer los mecanismos de supervisión en la administración pública y garantizar que los procesos de investigación sobre casos de corrupción sean ágiles y efectivos.

El decreto también establece que la Comisión deberá reunirse periódicamente y rendir informes mensuales al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de sus funciones y la implementación de las políticas de transparencia en las distintas instituciones del Estado.

 El presidente Luis Abinader firmó el lunes el decreto 76-25, mediante el cual se crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), una nueva comisión que estará encargada de coordinar las estrategias del gobierno en materia de lucha contra la corrupción y supervisión de la gestión pública. Dentro de sus disposiciones, el decreto establece que todas las entidades y órganos de la administración pública tienen la obligación de suministrar información, documentos y asistencia en un plazo de cinco días laborables cuando sean requeridos en el marco de investigaciones sobre posibles actos de corrupción y la recuperación de bienes públicos.El decreto dispone que cualquier órgano o ente público que reciba una solicitud de información, archivos o documentación relacionada con investigaciones sobre corrupción y mal manejo de fondos estatales debe responder dentro de un período máximo de cinco días laborables, contados a partir de la fecha de la solicitud. Esta medida busca agilizar los procesos de fiscalización y evitar demoras en la recuperación de bienes públicos que hayan sido desviados de manera irregular.La norma también contempla que, además de entregar la información solicitada, las instituciones deben brindar asistencia técnica para facilitar la identificación de posibles irregularidades y garantizar el cumplimiento de los procesos de investigación. RELACIONADAS Nacional Abinader reconoce denuncias de corrupción en el interior del país y promete mayor control Gobierno Abinader lanzará por decreto el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción Colaboración con entidades especializadasLa CPTA no solo podrá solicitar información a las instituciones gubernamentales, sino que también está facultada para colaborar con la Procuraduría General de la República y el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP) cuando detecte casos que requieran intervención judicial. Esto permitirá canalizar las denuncias y proceder con la aplicación de sanciones cuando se determine la existencia de violaciones al ordenamiento jurídico.Además, la Comisión podrá requerir la participación de instituciones de la sociedad civil que trabajen en temas de transparencia e integridad institucional, con el objetivo de fortalecer los procesos de análisis y auditoría.Consecuencias El decreto también prevé sanciones para aquellos funcionarios que no cumplan con la entrega de la información dentro del plazo establecido. La negativa o dilación en la respuesta será considerada una falta de tercer grado, conforme a lo dispuesto en la Ley de Función Pública, lo que podría derivar en medidas disciplinarias contra los responsables.Asimismo, la norma instruye de manera especial a entidades como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio de Administración Pública (MAP) a prestar colaboración prioritaria con la CPTA, debido al alto nivel de información que manejan sobre transacciones y operaciones financieras del Estado.Un mecanismo de supervisiónCon la creación de la CPTA y la implementación de este nuevo plazo de entrega de información, el gobierno busca fortalecer los mecanismos de supervisión en la administración pública y garantizar que los procesos de investigación sobre casos de corrupción sean ágiles y efectivos.El decreto también establece que la Comisión deberá reunirse periódicamente y rendir informes mensuales al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de sus funciones y la implementación de las políticas de transparencia en las distintas instituciones del Estado. ​  El presidente Luis Abinader firmó el lunes el decreto 76-25, mediante el cual se crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), una nueva comisión que estará encargada de coordinar las estrategias del gobierno en materia de lucha contra la corrupción y supervisión de la gestión pública. Dentro de sus disposiciones, el decreto establece que todas las entidades y órganos de la administración pública tienen la obligación de suministrar información, documentos y asistencia en un plazo de cinco días laborables cuando sean requeridos en el marco de investigaciones sobre posibles actos de corrupción y la recuperación de bienes públicos.El decreto dispone que cualquier órgano o ente público que reciba una solicitud de información, archivos o documentación relacionada con investigaciones sobre corrupción y mal manejo de fondos estatales debe responder dentro de un período máximo de cinco días laborables, contados a partir de la fecha de la solicitud. Esta medida busca agilizar los procesos de fiscalización y evitar demoras en la recuperación de bienes públicos que hayan sido desviados de manera irregular.La norma también contempla que, además de entregar la información solicitada, las instituciones deben brindar asistencia técnica para facilitar la identificación de posibles irregularidades y garantizar el cumplimiento de los procesos de investigación. RELACIONADAS Nacional Abinader reconoce denuncias de corrupción en el interior del país y promete mayor control Gobierno Abinader lanzará por decreto el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción Colaboración con entidades especializadasLa CPTA no solo podrá solicitar información a las instituciones gubernamentales, sino que también está facultada para colaborar con la Procuraduría General de la República y el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP) cuando detecte casos que requieran intervención judicial. Esto permitirá canalizar las denuncias y proceder con la aplicación de sanciones cuando se determine la existencia de violaciones al ordenamiento jurídico.Además, la Comisión podrá requerir la participación de instituciones de la sociedad civil que trabajen en temas de transparencia e integridad institucional, con el objetivo de fortalecer los procesos de análisis y auditoría.Consecuencias El decreto también prevé sanciones para aquellos funcionarios que no cumplan con la entrega de la información dentro del plazo establecido. La negativa o dilación en la respuesta será considerada una falta de tercer grado, conforme a lo dispuesto en la Ley de Función Pública, lo que podría derivar en medidas disciplinarias contra los responsables.Asimismo, la norma instruye de manera especial a entidades como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio de Administración Pública (MAP) a prestar colaboración prioritaria con la CPTA, debido al alto nivel de información que manejan sobre transacciones y operaciones financieras del Estado.Un mecanismo de supervisiónCon la creación de la CPTA y la implementación de este nuevo plazo de entrega de información, el gobierno busca fortalecer los mecanismos de supervisión en la administración pública y garantizar que los procesos de investigación sobre casos de corrupción sean ágiles y efectivos.El decreto también establece que la Comisión deberá reunirse periódicamente y rendir informes mensuales al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de sus funciones y la implementación de las políticas de transparencia en las distintas instituciones del Estado. Política

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