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Jairo González, a juicio de fondo acusado de estafa con criptomonedas

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El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó este lunes auto de apertura a juicio en el caso de una presunta estafa que supera los 100 millones de dólares y que afectó a 413 personas a través de inversiones en criptomonedas y otros activos financieros. El principal imputado en este proceso es Jairo González.

Para tomar esta decisión, el magistrado Peguero acogió todos los tipos penales presentados por el Ministerio Público, los cuales incluyen asociación de malhechores y estafa, así como la violación del artículo 351, numeral 4 de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores, que sanciona las operaciones de puestos de Bolsa de Valores sin autorización del órgano regulador.

Asimismo, se le imputa la violación del artículo 15 de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, por realizar captaciones de fondos de manera ilegal utilizando sistemas informáticos. También se le acusa de violación del artículo 3, numeral 3 y artículo 9, numeral 2 de la Ley 155-17 sobre lavado de activos, lo que podría conllevar condenas de entre 10 y 20 años de prisión.

El juez también hizo referencia a los imputados Moisés González Rodríguez y William Mejía Martínez, señalando que la acusación indica que entregaron un millón de pesos y 1,000 dólares respectivamente, aunque no se especifica si estos montos fueron destinados para beneficio del entramado. En este sentido, el magistrado precisó que no se trataría de autoría propia en el delito de lavado de activos, sino de complicidad, lo cual se enmarca en la categoría 3.5 de la Ley 155-17.

Rechaza devolver bienes decomisados

En cuanto al resto de los imputados, el tribunal mantuvo la acusación contra Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, así como contra las empresas Sociedad Comercial Harvest Group y Asociados S.R.L. y Harvest Trading Academy S.R.L.

De igual modo, el juez rechazó la devolución de los bienes decomisados al imputado Polanco Estévez y lo identificó como interviniente para la fase del juicio ordenado.

Respecto al interviniente Ismael Molina, de quien se refiere que se compró un inmueble valorado en 20 millones de pesos, el tribunal pudo verificar que la titularidad de ese bien está a nombre de un imputado y su esposa, por lo que esta propiedad estaría sujeta a decomiso.

«Si se trata de un interviniente que simplemente ha hecho el pago del inicial 5 millones, como adujo, pues, también nos encontraríamos frente a lo que refiere el artículo 24 de la Ley de Lavado de Activos y correspondería identificarles simple y llanamente para que en caso de que se disponga condena, en caso de que se disponga decomiso, sea debidamente separado lo lícito de lo que resulte ilícito, si ese es el resultado final del juicio», explicó el magistrado Peguero.

​ Actualidad, Justicia, Karina Jiménez, Santo Domingo, Estafa, Criptomonedas, Lavado de activos, imputados, Jairo González El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó este lunes auto de apertura a juicio en el caso de una presunta estafa que supera los 100 millones de dólares y que afectó a 413 personas a través de inversiones en criptomonedas y otros activos financieros. El principal imputado en este proceso es Jairo González.Para tomar esta decisión, el magistrado Peguero acogió todos los tipos penales presentados por el Ministerio Público, los cuales incluyen asociación de malhechores y estafa, así como la violación del artículo 351, numeral 4 de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores, que sanciona las operaciones de puestos de Bolsa de Valores sin autorización del órgano regulador.Asimismo, se le imputa la violación del artículo 15 de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, por realizar captaciones de fondos de manera ilegal utilizando sistemas informáticos. También se le acusa de violación del artículo 3, numeral 3 y artículo 9, numeral 2 de la Ley 155-17 sobre lavado de activos, lo que podría conllevar condenas de entre 10 y 20 años de prisión.El juez también hizo referencia a los imputados Moisés González Rodríguez y William Mejía Martínez, señalando que la acusación indica que entregaron un millón de pesos y 1,000 dólares respectivamente, aunque no se especifica si estos montos fueron destinados para beneficio del entramado. En este sentido, el magistrado precisó que no se trataría de autoría propia en el delito de lavado de activos, sino de complicidad, lo cual se enmarca en la categoría 3.5 de la Ley 155-17. RELACIONADAS Justicia Abogados de querellantes en estafa de más de US$100 millones se ven conminados a presentar poderes Justicia Ministerio Público presentó alrededor de 400 pruebas de más de 600 contra Jairo González Rechaza devolver bienes decomisadosEn cuanto al resto de los imputados, el tribunal mantuvo la acusación contra Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, así como contra las empresas Sociedad Comercial Harvest Group y Asociados S.R.L. y Harvest Trading Academy S.R.L.De igual modo, el juez rechazó la devolución de los bienes decomisados al imputado Polanco Estévez y lo identificó como interviniente para la fase del juicio ordenado.Respecto al interviniente Ismael Molina, de quien se refiere que se compró un inmueble valorado en 20 millones de pesos, el tribunal pudo verificar que la titularidad de ese bien está a nombre de un imputado y su esposa, por lo que esta propiedad estaría sujeta a decomiso.»Si se trata de un interviniente que simplemente ha hecho el pago del inicial 5 millones, como adujo, pues, también nos encontraríamos frente a lo que refiere el artículo 24 de la Ley de Lavado de Activos y correspondería identificarles simple y llanamente para que en caso de que se disponga condena, en caso de que se disponga decomiso, sea debidamente separado lo lícito de lo que resulte ilícito, si ese es el resultado final del juicio», explicó el magistrado Peguero. 

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