El rol de los ayuntamientos en la construcción de una sociedad más segura

Por Mayrelin García

Por coincidencia en un mismo día participé en dos actividades en las que sin ser los mismos protagonistas, se manejaron los conceptos de la seguridad y convivencia ciudadana y algunos mecanismos que pueden implementarse para lograr avanzar hacia una dirección positiva, involucrando a los actores que convergen en este tema: Interior y Policía, el sistema Judicial y los Ayuntamientos, estos últimos, las instituciones más cercanas a la gente.

La seguridad ciudadana y la convivencia pacífica son pilares fundamentales para el desarrollo social y económico de cualquier país. En  República Dominicana, los altos índices de conflictividad social, así como los problemas derivados de la contaminación sónica, las fiestas callejeras, los conflictos entre vecinos en barrios y en condominios, así como  la falta de mecanismos eficaces para la mediación de disputas menores, evidencian la necesidad de fortalecer la gobernanza local en materia de seguridad y convivencia. Para lograrlo, los ayuntamientos pueden jugar un papel clave en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional y el sistema de justicia, mediante la implementación de herramientas preventivas y el fomento de la justicia cívica y restaurativa. Estos conceptos pude reflexionarlos mejor gracias a un trabajo colaborativo que realiza FINJUS y por otro lado, en la ponencia realizada por el magistrado Modesto Martínez en el lanzamiento de su libro “Nuevo paradigma para la justicia”.

La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece la responsabilidad de los ayuntamientos en la regulación de la convivencia ciudadana mediante ordenanzas aprobadas por el Concejo de Regidores. En este marco, la normativa faculta a los gobiernos locales para intervenir en situaciones que afecten la tranquilidad y los derechos de los ciudadanos, permitiendo la creación de instrumentos normativos que fomenten el respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos.

El artículo 118 de esta ley establece como infracciones muy graves aquellas que generan una perturbación relevante de la convivencia, afectando directamente la tranquilidad o el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, el normal desarrollo de actividades en conformidad con la normativa vigente, así como la salubridad y el ornato públicos. Esta disposición legal deja claro que los conflictos vecinales y otras situaciones que deterioran la convivencia no pueden ser ignorados por las autoridades locales y requieren un abordaje integral.

Uno de los enfoques más eficaces para abordar los problemas de convivencia ciudadana es la implementación de la justicia cívica y local. Este modelo busca ofrecer mecanismos de solución alternativa a los conflictos comunitarios sin necesidad de recurrir al juzgado de paz ordinario o a otras instancias judiciales, evitando así la sobrecarga judicial y promoviendo una cultura de paz.

Los juzgados de paz municipales juegan un papel fundamental en este esquema, ya que pueden encargarse de casos de menor envergadura, como disputas entre vecinos, ruidos molestos, incumplimientos de normas de convivencia y conflictos en condominios. Mediante la imposición de medidas correctivas y sanciones proporcionales, estos tribunales pueden garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales y generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de convivencia.

Existe además un enfoque diferente,  la justicia restaurativa o justicia reparadora, el que a diferencia del modelo penal tradicional, busca reparar el daño causado y restaurar las relaciones entre las partes en conflicto. Aunque este concepto se ha aplicado mayormente en el ámbito penal, su implementación en la justicia cívica puede ser altamente efectiva para resolver disputas vecinales y comunitarias.

En este sentido, los ayuntamientos pueden promover la mediación comunitaria como una alternativa a las sanciones punitivas. A través de una figura como  mediadores municipales o de programas de conciliación, se pueden atender conflictos de manera más eficiente, reduciendo la reincidencia y fomentando un sentido de responsabilidad en los infractores.

Para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia, es fundamental fortalecer el papel de la Policía Municipal, creando un cuerpo formado de manera consciente y actuando con proximidad con la comunidad. Este cuerpo de seguridad, adscrito a los ayuntamientos, pudiera ser capacitado en mediación de conflictos, prevención del delito y atención a infracciones administrativas relacionadas con la convivencia.

A diferencia de la Policía Nacional, cuya función principal es el mantenimiento del orden público y la persecución del crimen, la Policía Municipal debe centrarse en garantizar el respeto a las ordenanzas locales y actuar como un puente entre la comunidad y las autoridades. Su presencia en parques, mercados y espacios públicos puede contribuir significativamente a la reducción de incidentes y a la promoción de una cultura de respeto y convivencia pacífica.

Los alcaldes tienen un papel clave en la promoción de políticas públicas orientadas a la sana convivencia. A través de campañas de concienciación, la implementación de programas de educación ciudadana y la creación de espacios de diálogo comunitario, pueden fomentar un entorno más armonioso y seguro.

Asimismo, es esencial que los alcaldes lideren esfuerzos para la creación y aplicación de ordenanzas que regulen el comportamiento ciudadano en los espacios públicos, garantizando así el derecho de todos a vivir en un entorno seguro y libre de perturbaciones innecesarias, colaborando de manera cercana con el ministerio de Interior y Policía y demás autoridades.

Para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana es necesario un enfoque integral que involucre a los ayuntamientos, la Policía Municipal, el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional y el sistema de justicia, en la construcción de soluciones efectivas y sostenibles. La aplicación de la justicia cívica, de una justicia restaurativa, junto con herramientas de prevención del delito y regulación del comportamiento ciudadano en los espacios públicos, en los barrios, en las urbanizaciones, mediante ordenanzas municipales, puede contribuir significativamente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a fortalecer la gobernanza local.

La convivencia ciudadana no es solo un ideal, sino una responsabilidad compartida que requiere el compromiso activo de todos los sectores de la sociedad. Los gobiernos locales tienen la oportunidad y el deber de asumir un rol cada vez más protagónico en este proceso, consolidando políticas públicas municipales que garanticen el orden, la seguridad y el bienestar de sus munícipes.

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