AIRD en alerta máxima con ley de residuos sólidos

SANTO DOMINGO. – La aprobación en el Senado de la República de la Ley de Residuos Sólidos mantiene en sesión permanente a la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), debido a las preocupaciones que genera en el sector industrial.

Ahora que la propuesta pasará a la Cámara de Diputados, el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, recomendó que, si el propósito de la ley es financiar a los ayuntamientos, el Gobierno debería considerar reasignar los 1,200 millones de pesos que anualmente recibe la institución Eco 5 RD en lugar de cargar a las empresas con nuevos impuestos.

«Entendemos las carencias que enfrentan los ayuntamientos, pero la Ley de Residuos Sólidos no debe ser el mecanismo para resolver su financiamiento. Si hay una necesidad urgente de recursos, recomendamos que se revise el presupuesto de Eco 5 RD, una entidad bajo el Ministerio de la Presidencia creada por el decreto 28-23, que ya tiene facultades similares al Ministerio de Medio Ambiente y al Fideicomiso Do Sostenible», señaló Pujols.

Críticas al proceso de aprobación

El dirigente industrial cuestionó la forma en que se aprobó la ley en el Senado, señalando que no se les permitió presentar sus preocupaciones ni se convocó a los organismos reguladores, como el Ministerio de Medio Ambiente y el Fideicomiso DO Sostenible, para debatir sus implicaciones.

«Como gremio, siempre hemos sido respetuosos del proceso legislativo, pero nos sorprendió que no se nos diera la oportunidad de participar en las discusiones. Buscamos transparencia y diálogo, para poder proponer mejoras, establecer plazos más razonables y aportar soluciones viables», expresó Pujols.

Principales preocupaciones de la AIRD

La AIRD identificó cinco aspectos críticos en la ley que considera perjudiciales para la industria y el desarrollo económico del país:

1. Aumento de la contribución empresarial:

   Las microempresas enfrentarían un incremento del 60 %, mientras que las pequeñas y medianas empresas verían aumentos de 150 % a 300 %.

   • Las grandes empresas tendrían aumentos de hasta 3,700% en sus contribuciones.
   • En total, implicaría 25,000 millones de pesos adicionales para el fideicomiso, de los cuales 20,000 millones recaerían directamente sobre la industria nacional y 5,000 millones provendrían de un 0.5% de las recaudaciones fiscales.
2. Uso obligatorio de combustible derivado de residuos:
   • La ley exige que en cinco años, al menos el 30 % del combustible utilizado provenga de residuos.
   • Pujols indicó que en España, referencia en gestión de residuos, esta meta no se ha alcanzado ni en 20 años.
   • Además, de las seis empresas cementeras en el país, al menos dos no podrían cumplir con esta disposición porque no producen clinker.
3. Uso de resina reciclada:
   • La normativa impone que, para 2027, el 30% de los plásticos usados deben ser reciclados.
   • Sin embargo, en España, pese a contar con una infraestructura avanzada, aún no han logrado esta meta tras 10 años de esfuerzo.
4. Uso obligatorio de tapas de polipropileno:
   • La ley exige el cambio de tapas de polietileno a polipropileno en envases plásticos.
   • Pujols cuestionó la necesidad de esta medida, afirmando que el polietileno ya es reciclable y no representa un problema en los procesos actuales.
5. Ubicación de rellenos sanitarios:
   • La ley elimina una disposición de la norma vigente desde 2020, que prohíbe construir rellenos sanitarios a menos de un kilómetro de industrias y centros poblacionales de 2,000 personas o más.
   • Esto genera preocupación en el sector de alimentos y bebidas, que teme que la proximidad de un vertedero pueda comprometer sus certificaciones sanitarias.

Llamado al diálogo

Finalmente, Pujols reiteró la necesidad de una discusión más amplia en la Cámara de Diputados y exhortó a los legisladores a considerar las inquietudes de la industria antes de aprobar la ley.

«No estamos en contra de una ley que regule los residuos sólidos, pero debe ser justa y equilibrada. Necesitamos plazos realistas y un esquema de financiamiento sostenible que no afecte la competitividad del sector productivo», concluyó.